Velandia, entonces coronel, fue comandante de la famosa Brigada XX en 1987, cuando Bautista fue abordada en el suroccidente de Bogotá por supuestos agentes de inteligencia militar.

Su cadáver fue identificado en el municipio de Guayabetal (Cundinamarca) en julio de 1990.

Dos testigos, entre ellos un suboficial (r.) aseguraron ante la justicia que Bautista había sido secuestrada por militares y que el general Velandia tuvo pleno conocimiento de su suerte.

Cinco años después la Procuraduría ordenó su destitución, cuando ejercía como comandante de la Tercera División en Cali. El proceso judicial, entre tanto, no logró identificar a los responsables de la muerte de la mujer.

Desde ese momento Velandia, que fue uno de los primeros altos mandos sancionados por casos de derechos humanos en el país, inició una estrategia jurídica que fracasó primero en el Tribunal Administrativo del Valle pero que, en el 2002, prosperó en el Consejo de Estado. Ese año, la Sección Segunda tumbó la destitución, aunque también negó la pretensión del oficial de ser reintegrado al servicio con grado pleno de general.

En su revisión, que concluyó a finales de septiembre pasado, la Sala Plena del alto tribunal consideró que la sanción disciplinaria se impuso a tiempo (Velandia decía que había prescrito el caso) y les dio credibilidad a los testigos que declararon en contra del militar.

Según los expedientes judiciales, Nydia Erika Bautista fue abordada por supuestos militares en el sector de Kennedy, suroccidente de Bogotá. En ese momento, agosto de 1987, figuraba como integrante de la guerrilla del M-19. Su cuerpo fue encontrado en julio de 1990 en una fosa del occidente de Cundinamarca.

En la parte penal, la justicia prácticamente no avanzó para identificar a los responsables de la desaparición y asesinato.
En este momento hay un proceso en el Sistema Interamericano de Justicia, que ha ordenado medidas cautelares para proteger a familiares de Bautista en Colombia y se ha pedido reabrir la investigación.