La orden que dio el ex comandante de la Armada Sergio García Torres para que se certificara el inicio de unas obras a unos contratistas tiene a este almirante en retiro al borde de la prisión.

La Fiscalía pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia su condena, al considerar que ese acto se convirtió en delito de falsedad.

El Fiscal a cargo del caso consideró que hubo un procedimiento irregular del almirante que produjo un desmedro en el patrimonio público por 373 millones de pesos, valor de los contratos, los cuales fueron firmados en 1997 para la construcción de un muro de contención en la Isla Naval de Buenaventura y la compra de unas ametralladoras.

Según la investigación de la Fiscalía, un año después, en octubre de 1998, los contratos no se habían ejecutado y, supuestamente, para evitar que terminara el año fiscal y el dinero tuviera que ser devuelto a la Nación, el almirante convocó a un grupo de sus oficiales y les propuso certificar que los contratos ya habían sido ejecutados y depositar el dinero en el Fondo, mientras los contratistas se ponían al día.

Los testigos afirmaron que le advirtieron al almirante que eso era un acto irregular con consecuencias jurídicas.