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'Falsos positivos' de Soacha ya han provocado orden de captura contra 17 militares

Foto: Archivo / EL TIEMPO

Las víctimas fueron enterradas en fosas comunes como NN. La Fiscalía las identificó meses después.

Los coroneles Wilson Javier Castro, comandante del Batallón Rafael Reyes, y Álvaro Diego Tamayo Hoyos, del Batallón Santander, son los oficiales de más alto rango del Ejército involucrados.

Los dos oficiales fueron objeto de retiro discrecional hace seis meses, a causa del escándalo.

Castro le dio luz verde a la operación, que terminó con la muerte del taxista Daniel Pesca y de su amigo Eduardo Garzón, en una vereda de Cimitarra (Santander) el 5 de marzo del año pasado. Luego, autorizó el pago de 1,5 millones de pesos a un supuesto informante que habría dado los datos de la guerrilla en la zona.

Tamayo era jefe del Batallón Francisco de Paula Santander, que opera en Ocaña y que ha sido uno de los más salpicados por el escándalo. Anoche, agentes del CTI lo capturaron en Ibagué. Él era el jefe del subteniente Luis Francisco Ríos y de ocho soldados profesionales que fueron los primeros militares capturados por las muertes de los jóvenes de Soacha.

Como lo reveló EL TIEMPO hace dos semanas, la confesión de un reclutador y de un suboficial que participó en los crímenes fue clave. En total son ya 18 los militares con orden de captura por el caso.

La carnada para asesinarlos

La Fiscalía dice que se aliaron con civiles para reclutar a muchachos con ofertas de trabajo que, en realidad, eran una carnada para asesinarlos. Todos tendrán que responder por los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, peculado y falsedad. La orden del operativo y el acta del pago al informante, quien dijo que en realidad le habían dado 20 mil pesos por firmar un papel en blanco y ahora hace parte del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía, fueron presentados ayer en la audiencia de imputación de cargos en contra de Castro y de otros siete uniformados del Batallón Reyes.

Son el teniente Éduar Antonio Villany Realpe, el sargento Jesús Eduardo Ñiampira -que fue capturado el miércoles por el CTI- y los soldados profesionales Guillermo Pacheco, Germán Oliveros, Venancio Tabares, Nelson Ospina y Juan Carlos Álvarez. La Fiscalía aún no ha logrado establecer plenamente quién reclutó a Pesca y a Garzón, y los llevó hasta Cimitarra, a cinco horas de Bogotá.

El primero habló con uno de sus familiares a las 5 de la tarde del sábado primero de marzo del año pasado y al segundo lo vieron por última vez a las 8 de la mañana del martes 4 de marzo en la  Terminal de Transporte.

Lo que tiene determinado el organismo de investigación es que el jefe de la sección de inteligencia del Batallón Rafael Reyes, el teniente Villany, entregó un reporte al coronel Castro que decía que en la vereda Brasil había cuatro hombres vestidos de camuflado y que iban a perpetrar un secuestro.

La misión táctica Marfil, como llamaron el supuesto operativo, comenzó a las 2 a.m. del miércoles 5 de marzo del 2008 y 2 horas 50 minutos después se reportó un combate con guerrilleros de las Farc, y que en el enfrentamiento habían sido dados de baja dos de los subversivos.

Los dos fueron sepultados como N.N. en una fosa común del cementerio de Cimitarra y las autoridades apenas lograron identificar los cuerpos el 5 de agosto del año pasado. Inicialmente, la investigación por el caso la asumió el Juzgado Militar de San Vicente de Chucurí (Santander), que no halló irregularidades.

Después pasó a órdenes de la Unidad de Derechos Humanos, que con la Procuraduría decidieron buscar al supuesto informante para interrogarlo. Este, además, relató que el coronel Castro, Villany, Ñiampira y el soldado Pacheco lo habían buscado para pedirle que atestiguara ante las autoridades y que había recibido la recompensa.

Aunque el escándalo por el caso de once muchachos -después se conoció que fueron más de 30- que desaparecieron de Soacha y del sur de Bogotá entre finales del 2007 y comienzos del 2008 puso los ojos del país sobre los llamados 'falsos positivos', la Fiscalía investiga más de un millar de muertes en combate desde el 2003.

De hecho, ayer, en Medellín, el CTI capturó a nueve soldados profesionales sindicados de participar en dos asesinatos fuera de combate en Antioquia y Sucre. Las víctimas también fueron reportadas como irregulares abatidos.

REDACCIÓN JUSTICIA

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