Desde hace cinco años, esta comisión investiga la tragedia ocur rida el 6 de noviembre de 1985.

Otras conclusiones son:

El magistrado auxiliar Horacio Urán sobrevivió a los dos días de combates, pero lo asesinaron y su cuerpo fue devuelto a las ruinas de la sede de la justicia.

Pablo Escobar financió al M-19, aunque no está comprobada su participación directa en la toma del 6 de noviembre de 1985. Pero para ese momento, también era un hecho que los narcos habían infiltrado el Estado, incluidas la Fuerza Pública, y por eso no se descarta que la desprotección en la que estaba el Palacio no fuera simple coincidencia.

La responsabilidad en la tragedia corre por cuenta del M-19, que la propició con el asalto a sangre y fuego. El Ejército fue corresponsable por el exceso de fuerza en la contratoma y el gobierno de Belisario Betancur dio espacio a un vacío de poder durante las 27 horas de terror que vivió el país.

En el documento definitivo, que será entregado el 17 de diciembre y cuya esencia fue conocida por este diario, se denuncia que varias instituciones intentaron obstaculizar la investigación extrajudicial, bien negando información que no tiene reserva, entregando datos manipulados e incluso falseando la verdad.

La Comisión -integrada por el actual presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla; y los ex magistrados de la Corte Suprema Jorge Aníbal Gómez Gallego y Hernando Herrera Vergara- ya había dado dos informes previos sobre los hechos.

El capítulo final señala que el 'pacto de silencio' buscaba mantener la gobernabilidad de la administración de la época y que terminó creando un manto de impunidad alrededor de guerrilleros, militares y políticos que fueron protagonistas de primera línea en la tragedia.

Este viernes, en el encuentro de la Justicia en Paipa (Boyacá), el magistrado Pinilla señaló que el incendio del Palacio (que ha dado pie para señalar que la guerrilla buscaba quemar los expedientes de los extraditables) no habría sido planeado, sino producto de los disparos de los tanques y de la respuesta de los subversivos para frenar los carros artillados con fuego.

También dicen que aunque es un hecho que el M-19 mantuvo relaciones con Pablo Escobar y que el capo les habría ofrecido apoyo financiero y logístico para la acción terrorista, no está comprobado que esto finalmente se diera.

Aseguran que además del magistrado Urán (cuya billetera, perforada con un disparo, apareció en un lugar secreto del Cantón Norte y luego fue identificado en un video de los sobrevivientes que fueron llevados a la Casa del Florero), salieron con vida al menos tres de los 11 desaparecidos de la cafetería y las guerrilleras Irma Franco y Clara Inés Enciso. La primera habría muerto en manos de militares. La segunda se exilió en México y murió hace algunos años de cáncer. Ella declaró en la investigación de la Comisión a través de cartas, muchas de ellas manuscritas.

Para la familia del magistrado de la Corte Suprema, Manuel Gaona Cruz, uno de las víctimas del Palacio de Justicia, las dudas sobre quien fue el autor de los disparos que causaron su muerte aún no han sido despejadas. La versión que se ha manejado en todo este tiempo, y que la Comisión de la Verdad corrobora en su informe final asegura que el magistrado Gaona fue asesinado por un guerrillero herido.

Pero según su hijo, Manuel Gaona Forero, hay testimonios que no fueron escuchados por los miembros de la Comisión que aseguran haberlo visto salir vivo del Palacio. El reporte forense de la época, asegura su hijo, establece como casusa de su muerte un tiro en la sien derecha, hecho a corta distancia y probablemente estando en el piso o arrodillado. Esto, unido otros informes de la unidad de inteligencia de la Brigada XIII en la que se documentan seguimientos al magistrado desde 1979 hacen pensar a su familia que en su caso hubo una ejecución.

REDACCIÓN JUSTICIA