El Ministerio del Interior, el DAS y el Ministerio de Defensa llevan más de dos meses intentando solucionar la situación crítica que de los 600 agentes que hoy están asignados a esquemas de protección de cerca de 400 personas en el país, y con otros 400 que fueron vinculados temporalmente con la firma privada que se ganó hace un año y medio la licitación de la protección de las personas en riesgo.

Y aunque la viceministra del Interior,  Viviana Manrique, asegura que  se vienen analizando varias propuestas, hasta ahora todas han sido descartadas.

El Ministerio del Interior tiene en sus registros los nombres de 10.230 personas con algún tipo de protección, que va desde un chaleco antibalas hasta la asignación de vehículos y escoltas.

Aunque ha venido delegando esa tarea, el DAS tiene aun 272 esquemas de protección en los que están 145 agentes de planta y 473 escoltas contratistas que son pagados por la entidad.

La viceministra Manrique explica que una de las propuestas es que el Ministerio del Interior asuma los 272 esquemas con agentes-escoltas del DAS, pero esto solo podría hacer a través de una empresa privada: "Por competencia no podemos prestar servicios  de seguridad directamente. El Ministerio no puede asumir personal armado; así este sea de carrera del DAS". 

Otra salida que se barajó fue que los escoltas pasaran a la Policía Nacional, pero jurídicamente no hay cómo, pues no hay ni siquiera equivalencias en los rangos como para integrarlos a las filas. 
 

"La Policía solo puede prestar servicios de seguridad o  protección a  través de policías. En este casi ellos sí tienen competencia, pero solo lo pueden hacer con personal uniformado?, dice la Viceministra.

El lío es que el DAS como tal se acabará con el año y hasta ahora no se ven alternativas viables.

Pero no solo es la suerte de los escoltas que todavía dependen directamente del  DAS. Los casi 400 escoltas que hace año y medio dejaron sus contratos con el organismo de seguridad para pasar a la empresa de seguridad y vigilancia VISE Limitada también  están preocupados.

La empresa tiene a su cargo la protección de 210 personas y había vinculado al personal del DAS que se venía ocupando de esa tarea. Pero el contrato se acabará el próximo 12 de febrero y aún no está definido si entrará en una prórroga o si se abrirá una  nueva licitación. En este último escenario, dice la gerente de VISE, Ana Rocío Sabogal,  "obviamente estas personas (los escoltas) saldrían de la firma".

Asegura que de igual forma, como ocurrió con la pasada licitación, los agentes podrían ser contratados por la firma que gane el contrato. "En temas de seguridad el escolta es sinónimo de relación de confianza. Es claro que si tiene buen desempeño van con el protegido a la otra empresa", dice Sabogal.

La preocupación, de cualquier manera, existe. Además de la situación laboral de los escoltas, varios protegidos han expresado su inquietud por la eventualidad de que quienes están a cargo de su seguridad queden desempleados. Aseguran que el Estado debe  garantizar que no habrá  fugas de información sobre sus rutinas de seguridad.

REDACCIÓN JUSTICIA