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En cárcel de Bellavista comenzó lucha de mafias que hoy sufren barrios de Medellín

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Foto: Archivo / EL TIEMPO

Los operativos del Inpec continuarán en cárceles del país. Aseguran que los resultados se ven reflejados en la seguridad de las ciudades.

Así se desprende de la investigación hecha por organismos de inteligencia y que obligó al Inpec a trasladar en febrero a 30 internos para romper con la 'jerarquía' que impusieron entre los presos.

Esa pugna por el poder entre la banda de 'don Mario' y la 'Oficina de Envigado' se vivía hace dos meses en los patios de esa prisión.

Siete de los presos trasladados fueron señalados por la Policía de ser integrantes de la 'Oficina': Jorge Iván Alzate Vélez, al que llamaban el 'Papas' y quien jugaba el papel de 'cacique' en el patio 2, y el otro, Walter López Manco, quien estaba en el patio 4. Hombres que trabajan en la cárcel aseguran que los dos eran los coordinadores y representantes de los presos en los comités de disciplina.

"Los llamados caciques son los coordinadores de los patios, y el 'Papas' era uno de ellos. Por la cantidad de internos (unos 5.500) es difícil enviar mensajes sobre medidas de seguridad, por eso esporádicamente se hacen reuniones a las que asisten los representantes para que sirvan de voceros de los otros presos", explica un miembro de la guardia en Bellavista.

Informes oficiales conocidos por este diario señalan que el 'Papas' era también el líder de la 'Oficina de Envigado' dentro de la cárcel.

Se investiga su eventual participación en ajustes de cuentas, homicidios a través de teléfonos celulares y emisarios. La situación se veía reflejada en el incremento de la violencia en la capital antioqueña y por eso una de los primeros bloqueadores de señales de celulares adquiridos por el Inpec funcionará allí.

A finales de febrero el Inpec, apoyado por la Policía y el Ejército, realizó un operativo en el que halló en Bellavista armas, cartuchos, un computador, droga, 149 celulares y varias de las modernas consolas de juego play station.  Bajo el indicio de que seguían delinquiendo, las autoridades movieron a 30 presos a cárceles de alta seguridad.

Extorsiones en otras cárceles

Interceptaciones a dos celulares hallados en la cárcel San Sebastián de La Ternera, en Cartagena, fueron la prueba reina que demostró que desde ese centro carcelario se delinquía.

La investigación, dice la Dijín, se inició a medidos del año pasado cuando las autoridades se percataron de cientos de llamadas extorsivas, en especial a médicos, maestros y comerciantes en Cartagena.

Con esas pruebas, más la colaboración de otros internos, se detectó que las llamadas eran realizadas desde los patios B2 y D1 por casi 30 de los 42 presos trasladados desde Ternera a otras cárceles.

En Barranquilla, los capos de las extorsiones -dice inteligencia de la Policía-, eran cuatro ex Auc del bloque Norte que se habían agrupado como 'los Rojas'. Se trata de Rigoberto Rojas, alias 'Rigo'; Adán Rojas, 'el Negro Rojas'; José Rojas, 'Goyo', y Ricardo Santiago, 'Alex Mancilla'.

En el Atlántico y Magdalena, dueños de hoteles, restaurantes y discotecas recibieron llamadas por dinero. Varios de los pagos, según fuentes allegadas al caso, se ordenaron a cuentas de familiares de internos que terminaron recibiendo una comisión.

Esas extorsiones habrían sido ordenadas por 'los Paisas' recluidos en la cárcel de Santa Marta. Desde allí, dice la Policía, extorsionaron a un empresario del calzado.

En el caso de Picaleña, uno de las cárceles con más denuncias de extorsiones, fueron reubicados 12 internos señalados de realizar las llamadas.

Y en Valledupar el propio ministro Fabio Valencia recibió decenas de denuncias de extorsiones realizadas desde la cárcel de máxima seguridad. Lo que dicen las investigaciones es que dos jefes de 'Águilas Negras' -'don Leo', 'Pablo Angola'- lograron recomponer su red criminal en esa cárcel. Por eso los trasladaron.

En total, el Inpec desde que inició los operativos conjuntos con la Policía (hace dos meses) ha movido a 397 presos a las cárceles de Valledupar, La Dorada y Girón, entre otras, por tener indicios de que seguían delinquiendo.

Según el Inpec, en este tiempo se ha requisado a 42 mil presos. Pero aún faltan otros 30 mil y hay varias denuncias en investigación.

REDACCIÓN JUSTICIA

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