Entre ellos está Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', hoy preso en una cárcel de Washington y al que se le atribuyen más de 4 mil asesinatos.

La revelación la hizo este fin de semana el diario The Nation, con información que fue corroborada por el propio Departamento de Estado.

Según The Nation, en el 2004 USAID (Agencia de E.U. para el Desarrollo Internacional), otorgó 161.000 dólares a Coproagrosur, una empresa radicada en Simití (Bolívar) que se dedica al cultivo de palma africana. La partida estaba incluida en los programas de apoyo a la sustitución de cultivos de coca.

Por eso, la sorpresa fue total cuando 'Macaco' ofreció Coproagrosur como reparación a las víctimas de los paras del Sur de Bolívar. Incluso, el 12 de marzo pasado un magistrado de control de garantías dictó medida cautelar sobre su sede, que tiene 1.415 hectáreas y está próxima a ser incautado con fines de extinción de dominio.

El 14 de mayo pasado la Unidad de Justicia y Paz convocó a una audiencia pública para toda las personas que se crean con derecho a los bienes de 'Macaco', en particular asociados con Coproagrosur. (Ver facsímil).

De acuerdo con el Departamento de Estado,  el nombre de 'Macaco' (Carlos Mario Jiménez) no figuraba como accionista cuando se aprobó y giró la plata. "Se obró con transparencia. Pero obviamente esto quiere decir que debemos tener más cuidado al otorgar  este tipo de créditos", le dijo a EL TIEMPO una fuente del Gobierno de E.U. 

"El crédito, pagado con fondos del Plan Colombia, parece haber puesto dólares para la lucha contra las drogas en manos de notables paramilitares y narcotraficantes, una posible violación a leyes federales (pues) los 'paras' están en la lista de
 'Organizaciones Terroristas' del Departamento de Estado", dice la publicación. 

The Nation sostiene que USAID otorgó otro crédito de 650.000 dólares a Gradesa, dedicada al procesamiento de aceite de palma y que tiene entre sus socios a personas "con supuestos vínculos con los paramilitares en su junta directiva" El diario afirma,  además, que la agencia estuvo a punto de conceder un desembolso  a Urapalma, empresa que, dice, también ha sido cuestionada. 

Entre los dueños de Gradesa aparecen Antonio Nel y  Carlos Alberto Zúñiga Caballero, a quienes la Fiscalía les incautó el 50 por ciento de las acciones de la empresa. Desde hace tres años la Dirección Nacional de Estupefacientes administra ese porcentaje.

Los Zúñiga son investigados por los delitos de concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzado de comunidades negras de
Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano. Los dos eran familiares de María Fernando Zúñiga, ex  presidente de Fiduagraria, quien salió en medio de un escándalo en septiembre del año pasado. The Nation dice que, además, hay dos socios de Gradesa con antecedentes de narcos.

El  crédito a Urapalma, empresa en la que también aparecen como socios los Zúñiga, nunca se efectuó pues la documentación requerida estaba incompleta. 

Desde que comenzó el Plan Colombia E.U., ha invertido en promedio unos 75 millones de dólares anuales en programas de desarrollo alternativo con lo que se busca alejar a los campesinos de la siembre de coca. Entre ellos, la siembra de palma africana,  donde se han gastado unos 20 millones. Washington insiste en que es un buen programa y que el proceso de selección es "muy riguroso" para evitar que se beneficien personas que no son los propietarios legítimos de la tierra o poseen un pasado criminal. 

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington