Tampoco aceptó las imputaciones de la Fiscalía el soldado Medardo Ríos, procesado por el mismo caso. Él laboraba en el área de inteligencia del Batallón Santander.

En al diigencia se les imputó concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada por las muertes de Jonathan Orlando Soto y Julio César Mesa, dos de los jóvenes desaparecidos en Soacha.

Según las Fiscalía, Johatan Orlando Soto y Julio César Meza, desaparecieron del barrio San Nicolás de Soacha el 26 de enero del 2008 y un día después fueron reportados como muertos en combate por el Ejército en Ocaña (Norte de Santander).

El oficial se presentó en la audiencia vestido de gris, camisa azul, corbata de visos celeste y se mostró sereno e imperturbable.

El coronel (r) Rincón Amado, ex jefe de operaciones de la Brigada Móvil 15,  escuchó de la Fiscalía las acusaciones en su contra por las muertes de Soto y Mesa,

Con base en un testimonio de un sargento retirado, que declaró en la Procuraduría  que Rincón había pagado 2 millones 200 mil pesos para que los jóvenes fueran ubicados, la Fiscalía acusó a Rincón de desaparición forzada, concierto para delinquir y homicidio agravado.

Por los mismos delitos  acusó al soldado Ríos Díaz, quien pertenecía a la inteligencia de esa brigada, y que según el expediente fue la persona que consignó 280 mil pesos, costo de cuatro tiquetes de viaje del centro del país hacia Ocaña. Se trataba de los pasajes de Alexander Carretero y Pedro Antonio Ágamez  -señalados como los reclutadores- y de las dos jóvenes víctimas, que desaparecieron el 26 de enero del año pasado.

Aunque como en los casos de los otros nueve desaparecidos de Soacha ha entrado a jugar el testimonio del Carretero, es la declaración del sargento John Jairo Muñoz, 'Pechi', la que más compromete al coronel, ex jefe de operaciones  de la Brigada 15.

Según Muñoz, una vez le pidió al sargento Sandro Pérez -según la Fiscalía otro de los eslabones en  la cadena para la conformación de los 'falsos positivos'-  que le ayudara para presentar resultados, Pérez  le expresó que le podía conseguir personas para presentarlas como bajas en combate, pero que había que pagar un millón 100 mil pesos por persona.

Ante la Procuraduría Muñoz explicó que cuando lo consultó con Rincón Amado, el coronel le respondió que consiguiera a dos personas.

Muñoz fue más allá y dijo que el coronel Rincón le había entregado el dinero en un sobre de manila. "Usted, señor coronel, dispuso de honorarios no para la realización de un combate sino para que fueran dados de baja esos muchachos", le dijo el fiscal del caso al oficial retirado en la audiencia.

En la misma declaración Muñoz dijo que después de la muerte de los dos jóvenes, que en informes "manipulados" aparecían como miembros de bandas criminales que tenían la misión de conseguir pasta de coca, se entrevistó con el coronel quien "me miró se sonrió, y me dijo que todo había salido bien".

Ríos, además de haber adquirido los tiquetes de viajes, manejó, según los testimonios de Carretero, una de las motocicletas de las usadas para trasladar a las víctimas.

Jonathan Soto y Julio César Mesa fueron dejados en un supuesto retén, despojados de sus documentos de identidad y llevados a un punto para el supuesto combate, la vereda Chircas, del municipio de San Calixto. Además, les entregó 500 mil pesos y 200 mil pesos a Muñoz y a Carretero, respectivamente, por la labor.

La Fiscalía destacó que aparecen las mismas inconsistencias y dudas que en los casos de otros jóvenes de Soacha: informes de inteligencia sin verificación, operativos desarrollados de forma artesanal y sin ningún protocolo, contradicciones entre las versiones suministradas en diligencias y las explicaciones en el lugar de los hechos, relatos mecánicos que según el organismo dan cuenta de la necesidad de dar apariencia de legalidad a lo que calificó el fiscal como una trama criminal, y por último la incompatibilidad de la zona donde se produjo el supuesto combate y los sectores donde tenía incidencia la brigada móvil. La 15 no tenía competencia en esa fecha en San Calixto.

REDACCIÓN JUSTICIA