El contralor General, Julio César Turbay Quintero, lo advirtió así en una carta enviada al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio.

El documento viene acompañado de cifras recientes.

El cupo carcelario en Colombia es de 49 mil personas y hoy hay 70 mil confinados.

Y aunque la cartera del Interior y de Justicia hacía cuentas de que para este diciembre tendría habilitados unos 22 mil cupos, la inauguración de los nuevos centros de reclusión se tuvo que reprogramar, por ahora, para el 2010.

Inicialmente, las obras estaban estimadas en 874 mil millones de pesos y hoy valen un billón 4 mil millones.

Demoras patéticas

"Hasta el 11 de noviembre del 2008, en promedio, las construcciones registran un avance de apenas el 34,43 por ciento", dice un informe interno de la Contraloría al que EL TIEMPO tuvo acceso.

El récord de retrasos se lo llevan tres construcciones: la de Guaduas (Cundinamarca), con 348 días de desfase y solo un 14,5 por ciento de avance; la de Medellín (Antioquia), con apenas un 21,9 por ciento de construcción; y la de Cartagena (Bolívar) en donde no han comenzado trabajos.

Las otras cárceles auditadas son las de Yopal, Puerto Triunfo, Acacías. Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí y Bogotá.

Lo que resulta más preocupante es que en la última reunión del Comité de Seguimiento a la Política Penitenciaria y Carcelaria de la Agenda Ciudadana -el 25 de noviembre- la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría manifestaron que los nuevos establecimientos no cumplen con las condiciones para llevar los procesos de reinserción.

Fonade -ente que por delegación del Gobierno ejecuta el proyecto de construcción y dotación de estas cárceles- admite que hay retrasos de obra importantes, pero los justifica en eventos que se salen de sus manos como el invierno y en las demoras en trámites. Y su gerente, Luis Fernando Sánz, añade que los sobreprecios no son exóticos en este tipo de obras.

Sánz también admite que la entidad a su cargo nunca denunció penalmente a los contratistas que presentaron certificaciones falsas durante la primera etapa de este proceso, en el 2006: "No podíamos afirmar que hubo falsedad sino que los oferentes objetados no demostraron la experiencia técnica que decían y quedaron inhabilitados".

El caso -que la Contraloría revisará- involucra a prestantes contructores.

Es una obra de gran magnitud: Fonade

Luis Fernando Sánz, gerente de Fonade, sostuvo que la cifra de la Contraloría sobre el avance de obras está desactualizada pues, según sus cuentas va un 41 por ciento que, igual, reconoce que es bajo. El retraso lo atribuye a demoras en el proceso de selección de las firmas constructoras, a los trámites de licencias (incluidas las ambientales), al invierno e incluso a acciones judiciales. "En Acacías (Meta), los vecinos presentaron una acción popular que obligó a parar los trabajos tres meses y en Bogotá, las autoridades ambientales se demoraron más de un año en dar los permisos".

En cuanto al sobreprecio -88 mil millones- dice que es un monto normal para una obra de esta envergadura: 450 mil metros cuadrados, 400 construcciones y más de 6.200 trabajadores. Es un aumento porcentual normal en obras de infraestructura, un rango del 10 al 15 por ciento, que no es extraño ni exótico", dijo Sánz.

Y agregó que este sobreprecio estaba previsto en los contratos.
Añadió que un factor adicional, el cambio en las condiciones del suelo, como ocurrió en Bogotá, demoró los trabajos.

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