Wisa Internacional tiene presencia en 11 países y está controlada por la familia Waked, inmigrantes libaneses que se establecieron en la isla de San Andrés y ahora tienen su centro de operaciones en Panamá.

La DEA y el Departamento del Tesoro de E.U. están trabajando con sus pares colombianos para esclarecer los movimientos de dinero de integrantes de la familia Waked y miembros del Wisa, grupo que el año pasado declaró ante el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá un superávit de 195 millones de dólares y ganancias netas de 39,5 millones de dólares.

La Fiscalía colombiana investiga presuntas inconsistencias en la contabilidad de Wisa, así como transacciones internacionales para inyectarle capital a La Riviera -que el año pasado ocupó el puesto 586 en el listado de las 1.000 empresas más grandes de Colombia- y confronta la facturación con un listado de 1.076 grandes clientes de esa empresa en el país. 

EL TIEMPO estableció que dos comisiones de investigadores viajaron a Panamá, con la intención de indagar los movimientos financieros de Wisa. Pero allí se encontraron con que muchas transacciones estaban registradas manualmente y almacenadas en cajas.

Las diligencias se suspendieron después de que la Corte Suprema de ese país concediera un recurso de amparo interpuesto por los abogados de Wisa, quienes argumentaron que las pesquisas "violaban la reserva de sus clientes". La Fiscalía colombiana está a la espera de la respuesta de las autoridades panameñas a una carta rogatoria en la que pide que se le permita continuar con la investigación en ese país.

El capital de las perfumerías

Con el aporte de las compañías panameñas del grupo familiar de los Waked, 786 Internacional S.A. y Corlatininternacional S.A, cada una con capital de 10 mil dólares, se creó en 1996 la sociedad 786 Internacional de Colombia S.A. (ahora La Riviera) con una inversión inicial de 100 millones de pesos.

Las autoridades quieren que se haga plena claridad sobre cómo las dos compañías panameñas, cinco meses después de haberse constituido en ese país, crearon en Colombia una nueva empresa con un capital que superaba en 120 por ciento los activos de cada una de ellas. Cuatro meses después, los socios panameños le inyectaron a la empresa colombiana 507 millones de pesos, y en otras 30 oportunidades, a lo largo de 11 años hasta el 2007, los aportes ascendieron a 70.646 millones de pesos.

La Fiscalía trata de establecer a través de qué medio se realizó el trámite para traer el capital desde el extranjero y si las compañías panameñas que lo aportaron lo canalizaron debidamente a través del mercado cambiario. 

Además, para los investigadores hay supuestas inconsistencias en la facturación de Wisa, pues presuntamente no concuerdan las cifras con lo reportado por algunos de sus clientes en Colombia. En otros casos, no se ha podido determinar la existencia de los mismos.

Voceros de prensa de Wisa en Colombia dijeron que han colaborado con todas las autoridades que los han requerido y que harán un pronunciamiento sobre el caso.

En el 2001, varios diarios de República Dominicana y Nicaragua señalaron a los Waked en supuestas actividades ilegales relacionadas con sus negocios. 

En el auto inhibitorio de la Fiscalía colombiana se menciona una "campaña difamatoria" contra Abdul Mohamed Waked, relacionada con una querella que lideró Wisa contra la firma que manejaba los aeropuertos en República Dominicana. 

Esa empresa, supuestamente, tenía vínculos con los diarios que hicieron los señalamientos y que luego tuvieron que rectificar.

Voceros de los Waked en Colombia aseguraron que tienen todos los soportes de sus operaciones comerciales y que estos han sido entregados a las autoridades respectivas cada vez que han sido requeridos.

Señalaron también que en la decisión del fiscal que llevaba el caso quedó claro que todas las actuaciones del grupo han sido transparentes.

El auto inhibitorio señala que tras las averiguaciones, la indagación preliminar no arroja resultados y menciona que la Dirección Nacional de Estupefacientes decidió archivar también una averiguación que realizaba sobre los movimientos financieros de La Riviera en Colombia.

Esa decisión se tomó en febrero del 2008.