Andrés Dávila, director del Programa Presidencial para la Lucha contra Minas Antipersona (Paicma), advierte que aunque el Ejército adelanta labores de desminado en Samaniego (Nariño), es imposible cumplir con la orden de la Corte Constitucional de limpiar de esas trampas mortales ese municipio, el más afectado del país.
Desde la semana pasada unos 6.000 habitantes de esta zona están confinados la instalación de artefactos explosivos y minas antipersonal, dejados por los grupos armados ilegales.

Dávila asegura que las condiciones de seguridad impiden la entrada de los equipos de desminado humanitario y hacen probable que la labor de los equipos militares se pierda por la resiembra de artefactos.  

Samaniego, que desde hace años es el municipio más amenazado por las minas, está casi incomunicado, ¿Qué sucede? 

Entendemos que  hay confinamiento y desplazamiento, pero resulta que el desminado humanitario requiere de unas condiciones de control del territorio que si no están dadas no se pueden ni meter las máquinas, ni el pelotón de desminado humanitario,  porque en estas condiciones los matan, los secuestran, los masacran. No están dadas las condiciones en el país para entrar a hacer desminado en muchas partes.

Esto es algo que la gente no entiende, y hasta los altos  funcionarios se confunden porque piensan que hacer desminado militar es hacer desminado humanitario, y no. El desminado militar es lo primero que hacen pero no tiene nada que ver. En esta zona se  hace desminado militar, pero vuelven a sembrar.

¿Entonces no hay solución pronta a esta situación? 

Con el argumento de las condiciones de seguridad,  le contestamos a la Corte Constitucional el año pasado, que nos ordenó  desminar Samaniego y todas las zonas afectadas en el país.  La decisión que tomó el Gobierno en ese entonces fue intervención fuerte en este municipio y en zonas donde había presión fuerte de grupos armados ilegales. Cuando entramos se pudo hacer un trabajo con las víctimas civiles y algunas obras de mejoras, como la carretera que va a El Decio. El desminado humanitario fue lo último que se hizo pero en veredas en donde no había presencia de Farc y Eln. Sin embargo, por las  dificultades de orden público las labores de desminado humanitario en Samaniego están paralizadas. Hoy Samaniego sigue muy afectado, y es evidente que no podemos entrar. 

¿En estas condiciones el país avanza en desminado humanitario por parte de civiles?

Parte del tema de darle posibilidad a las organizaciones civiles de entrar a hacer desminado está asociado a que creemos que hay zonas donde sí pueden entrar. Sin embargo, no podemos mandarlos a todas, ni mucho menos a zonas donde hay una situación de violencia clara.  Hay un organización, Geneva Call, que juega un papel importante en esto. Ellos están en Colombia y están en el proceso de entablar contacto con las organizaciones armadas al margen de la Ley que siembran minas. 

¿Cómo van los acercamientos?

El hecho más concreto fue en La Habana, cuando hicieron un trabajo muy fuerte con el Eln. Se logró incluir en el preacuerdo el tema de desminado humanitario. Recientemente, ellos han venido trabajando acá, pero el contacto no ha sido fácil y de todas maneras no tienen una autorización gubernamental para adelantar estos contactos. Entonces han hecho otras tareas como hablando con comunidades en  Cauca, Nariño y Putumayo. Y han tenido un trabajo importante con indígenas y afros afectadas por minas. En este trabajo también la intención es enviarles un mensaje a las organizaciones armadas al margen de la Ley.

¿Cómo se llega a la decisión de que sean civiles los que hagan desminado?

Partió de los tres comandantes de las  Fuerzas Militares permitir el desminado humanitario civil pero en condiciones que permitan desarrollar la experiencia. Hicimos entonces una invitación genérica de varias organizaciones internacionales, incluidas las que mencionó  la Corte, y comenzamos a construir el marco normativo para permitir el desminado humanitario por civiles en el país. En este momento creemos que podemos tener el decreto en abril y posiblemente un apoyo de un proyecto de ley que de mas fuerza a lo que iniciamos con decreto. Es un tema nuevo y difícil de implementar.

¿Cuáles son los puntos críticos del decreto?

Las discusiones técnicas están claras, qué y  cómo hay que hacerlo. Pero hay discusiones  jurídicas que nos tienen dando trabajo sobre el marco regulatorio. El esquema es que el Gobierno tiene que acreditar unas organizaciones por experiencias, por trayectoria, por recursos, que es una de las condiciones básicas: que ellos traigan los recursos de cooperación para que hagan el desminado. Una vez acreditadas, hay que forjarles unas condiciones para operar en regiones donde se les encarguen, y sobre el trabajo hay que hacer un control de calidad.

¿Los civiles serían colombianos?

Depende de las organizaciones que hagan la tarea. La mayoría opera con equipos de coordinación y control de operaciones que tienen toda la experiencia pero los operadores directos sí son las comunidades afectadas. Pero hay de todo tipo: en regiones del mundo descubrieron que las mejores desminadoras eran las mujeres.

¿Cuáles son esas organizaciones?

Invitamos a siete y hasta ahora nos han contestado tres internacionales, entre ellas una danesa, y dos colombianas, Coraza y Colombia Sin Minas.  El modelo que estamos trayendo  es que no lo paguemos nosotros sino que ellos traigan los recursos con países donantes. Pero obviamente acogiéndose a las condiciones de acreditación, control de calidad,  acompañamiento y monitoreo. Y la decisión de dónde, cómo y cuándo van a desminar es una decisión del Gobierno Nacional.

¿El Conpes el año pasado aprobó unos recursos para desminado, estos a qué aplicarían?

El Conpes aprobó 105 mil millones de pesos, 25 mil de cooperación,  y había una decisión clara que quedó plasmada en el documento de aumentar nuestra capacidad hasta 14 pelotones de desminado para el año 2012, (unos 560 hombres).

La distribución en la que estábamos pensando era un pelotón por cada uno de los 12 departamentos más afectados  y dos para atender situaciones de emergencia y de entrenamiento y capacitación.

Sin embargo, cuando se aprobó el Conpes no se estaba pensando en el desminado por civiles, por lo que  estas cifras  se pueden  modificar bastante. La comunidad internacional está esperando a que se permita el desminado por civiles para  meter muchos más recursos. Las cifras pueden cambiar y la cantidad de gente puede cambiar.

Salto tecnológico hacia el 'desminado mecánico'

El país recibió hace unos días la donación de Japón de dos máquinas barre-minas marca Hitachi capaces de limpiar 5 mil metros en un día.

Según Dávila, estas, junto con otra máquina más liviana de fabricación suizo-alemana, el país iniciará en Meta y Tolima la implementación de desminado mecánico.

"Vamos a tener que pasar a unos parámetros diferentes  enfocados a establecer dónde están las minas, dónde vamos a meter pelotones de desminado, maquinas barredoras, perros o lo que se pueda" señala Dávila.

Según el director del Paicma el reto que ahora tiene el país está en buscar la adaptación de estas maquinarias a territorios donde puedan funcionar. "Estamos en la fase de implementación de una nueva experiencia y eso requiere un tren logístico importante y un aprender a hacer las cosas de una manera distinta", dice Dávila.

Aunque persiste la inquietud de cómo operarán Dávila señala que la contra parte sería quedarse en un desminado manual, lo cual aunque eficaz, es muy demorado.

Estas máquinas han funcionado en lugares como Camboya, en África y Nicaragua. "Las maquinas no son tan especializadas como para no tener ningún tipo de utilidad en un territorio con dificultades, pero abordable".

Para operar barre-minas se ha capacitado personal de las FF.MM.. La maquina, de 12 toneladas, es capaz de remover piedras y arboles antes de entrar al terreno.

REDACCIÓN JUSTICIA