Diciembre 20 de 2009
¿Debería haber una comisión de la verdad para el paramilitarismo?
El ex Magistrado y Comisionado de la Verdad, José Roberto Herrera, con María Isabel Rueda.
Debemos hacerle un público reconocimiento a ese documento de la Comisión de la Verdad, del que usted fue co autor, al lado del Magistrado Nilson Pinilla y del ex Magistrado Jorge Anibal Gómez. Es una memoria del país que contiene unas verdades muy difíciles de enfrentar. ¿Por qué se demoraroncuatro años?
Fue una investigación muy compleja, de muchos hechos, de muchas implicaciones, porque hay muchos estamentos involucrados. Y desde el principio sufrimos de una escasez de recursos. No contamos con el apoyo de nadie, ni con los elementos logísticos suficientes para hacerla. Fue un trabajo absolutamente ad honorem y más bien nos tocó pagar de nuestro propio peculio para que testigos que se encontraban por fuera de Bogotá, pudieran venir a declarar.
¿A qué se refieren exactamente con la expresión de que hubo vacío de poder?
El término significa que durante esas aciagas 28 horas no se ejerció por parte del Presidente de la República de la época sus responsabilidades como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente Belisario Betancur, que nos recibió a nosotros muy respetuosamente y con quien tuvimos una larga conversación, escuchó todas nuestras preguntas pero realmente nos dijo, y le creemos, que él dio la orden de que se recuperara la edificación, con la recomendación especial para los militares de que se respetara la vida de los rehenes e incluso de los guerrilleros. Pero después de esa orden ninguna otra existió. El Gobierno se limitó a oír por la radio, a ver por la televisión los hechos. Vio el ingreso de los tanques, alrededor de cinco, al Palacio de Justicia. Vio la incursión helicoportada, vio los rockets, vio cómo el Palacio se comenzaba a incendiar, pero no se tomó ninguna medida para el cese al fuego que clamaba el Presidente de la Corte. El Gobierno fue un simple observador de los hechos. En esas 28 horas se interrumpió el Estado de Derecho en el país.
Es la confirmación de una tesis muy delicada que ya se había dado sobre los hechos.
Desde que ocurrió la toma a las 11 y 37 minutos de la mañana, solo hubo una operación militar. Se les delegó el operativo a los militares, y las fuerzas políticas no intervinieron ya nunca más. Incluso ante una pregunta que se le hizo al Presidente de que por qué no se suspendió el operativo, él respondió: no se podía suspender ese operativo militar porque era exclusivo y excluyente de las fuerzas militares.
También dicen que nunca hubo un intento real de salvar la vida de los rehenes...
Tanto los guerrilleros que se tomaron el Palacio, como los militares que repelieron su ataque, concibieron su acción como una operación de alta montaña. El rescate de los rehenes no estaba contemplado en el Plan Tricolor de las Fuerzas Militares.
¿Por qué en este informe no asignan responsabilidades individuales en el cuerpo militar?
La Corte Suprema de Justicia, al asignarnos esta tarea, nos impuso ese límite específico. Que nuestro trabajo se limitara a establecer responsabilidades institucionales y no individuales, que deben establecer las autoridades judiciales.
Califican de ilegítima la forma como las fuerzas militares repelieron la toma del Palacio. ¿Sostienen el término?
Sí. Es ilegítima desde el inicio, es ilegítima por lo desproporcionada, es ilegítima por la escena de los hechos posteriores a la retoma del Palacio de Justicia donde se borraron los elementos materiales de la investigación, se lavaron cadáveres. Y algunos de ellos, como lo relatan testigos, fueron incluso incinerados después de los hechos, trasladados desordenadamente a Medicina Legal, sin que antes se hubiera permitido el levantamiento de los cadáveres como es de rigor en estas circunstancias desde el punto de vista penal para hacer la adecuada investigación criminal. Y después de haber sido trasladados vino una orden de que al menos 30 cuerpos que estaban en Medicina Legal fueran trasladados a la fosa común sin que fueran realizadas las necropsias, por orden de un juez de instrucción penal militar.
¿Y eso qué explicación tiene?
Borrar la escena del crimen.
¿El documento de la Comisión de la Verdad puede servir de cabeza de proceso para delitos imprescriptibles?
Eso lo debe decidir la Fiscalía. Pero podría operar así para los delitos de tipo permanente como la desaparición forzada, en los que la prescripción comienza a operar cuando aparece la persona viva o muerta. En el caso de los desaparecidos del Palacio, no ha aparecido ninguno. Luego la prescripción no ha comenzado a operar.
Ustedes hablan de once desaparecidos...
Por lo menos de once.
Ocho de la cafetería, dos visitantes ocasionales y una guerrillera...
Exactamente. Y al menos tres personas aparecen vivas en los videos, más el Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán. La Comisión tiene la firme convicción de que salió vivo, y sale saltando porque quedó herido en un pie. Después no se conoce su paradero y finalmente aparece dentro de los muertos del Palacio con un disparo en la cabeza.
Hablemos de la responsabilidad del M-19. Sus nexos con el cartel de Medellín fueron flagrantes en los años 84 y 85....
Iván Marino Ospina tenía una amistad íntima con Pablo Escobar. Y Fayad, quien es el que toma como jefe del M-19 la decisión en junio del asalto al Palacio de Justicia, hereda esa relación. Pero no queremos que el símbolo del Palacio de Justicia sea la conexión del narcotráfico con esos hechos. Hay otros igualmente graves o peores, como es la desaparición de más de un centenar de personas.
¿El M-19 iba tras los expedientes del narcotráfico?
Iban tras los rehenes fundamentales. Ellos llegaron preguntando específicamente por los magistrados de la sala Constitucional, que era la única sala que se reunía ese día en el Palacio de Justicia, porque se iba a comenzar a discutir la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición con Estados Unidos.
¿Si no eran de la Constitucional, por qué estaban entonces en el Palacio los Magistrados Reyes Echandía, de la Sala Penal, y Genecco Correa, de la laboral?
El primero había ido a corregir un discurso que iba a pronunciar ese día. El segundo se devolvió por su código laboral, porque tenía clase. Lo curioso es que se lo sabía de memoria.
Se lo creo, porque fue mi profesor.
Pero la ponencia que se discutiría ese día era la del Magistrado Manuel Gaona. La Comisión sabe hoy que la ponencia del doctor Gaona iba a ser a favor de la constitucionalidad del tratado de extradición.
Quiero detenerme en el Magistrado Gaona. De acuerdo con lo que ustedes revelan, sufrió mucho con las amenazas del narcotráfico y fue muy valiente.
El doctor Gaona realizó un acto heroico, como lo hicieron todos los magistrados. La noche anterior estuvo preparando su ponencia hasta las dos de la mañana en su máquina de escribir. Estaba tan amenazado, que días antes hizo un recorrido con sus hijos para mostrarles como había sido su vida en los barrios donde había vivido en su juventud. Y le pidió a su familia, curiosamente, que a las once de la mañana de ese día lo llamaran a la Corte. ¿Qué querría decir eso?
Pues que todo el mundo sabía que iba a haber la toma.
Todo el mundo lo sabía. Lo que se preguntaron hasta última hora era exactamente cuándo.
Hasta antes del informe se decía con insistencia que el Palacio no tenía vigilancia de la fuerza pública porque el doctor Reyes Echandía, como presidente de la Corte, había pedido días antes su retiro...
Lo desmentimos de manera contundente y radical porque los dos oficiales de la policía que dicen que retiraron la vigilancia por orden del doctor Reyes aseguran que estuvieron en su despacho, pero el 31 de octubre el doctor Reyes Echandía estaba en Bucaramanga. Después dijeron que no había sido una orden suya sino de su secretaria. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Él era uno de los más amenazados individualmente. ¿Cómo iba a dar una orden de naturaleza tan absurda? Una semana antes se había hecho una reunión secreta en el Club Militar (se tuvieron que citar en clave) para ver lo de la seguridad del Palacio y para comunicarles a los magistrados de las salas Constitucional y Penal que las amenazas del narcotráfico eran ciertas que corría un riesgo inminente para sus vidas.
Ustedes sostienen que la censura de prensa que hubo durante la toma colaboró en el desenlace fatal...
El término censura lo utilizan los propios periodistas que declararon ante la comisión. Sí hubo una suspensión de la libertad de prensa, hubo una solicitud y una exigencia para que se interrumpieran las transmisiones del Palacio por parte del alto gobierno.
Era la única forma de comunicación de los rehenes con el Gobierno...
Se produjeron dos hechos simultáneamente. Primero esa suspensión de la transmisión de noticias del Palacio. Y enseguida la interrupción de la comunicación telefónica desde Palacio, cuando el Ministro de Justicia, Enrique Parejo, iba a intentar comunicarse con el guerrillero Andrés Almarales. Esa iba a ser la puerta del diálogo. No se pudo dar. No permitieron que se diera.
¿Qué espera la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia que suceda con su informe?
El informe aspira a ser una semilla para la verdad, que es un derecho mínimo de las víctimas. Y Aspira a que las nuevas generaciones, las que han mostrado más interés en los hechos, vean una nueva forma de resolver los conflictos en Colombia. Esa nueva forma es la verdad, que no solo es un derecho individual de las víctimas, sino de la sociedad. Sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz. Por lo menos, los hechos del Palacio de Justicia han servido para aplicar una nueva forma de rescate de rehenes. Los ha habido recientemente en le país sin derramamiento de una gota de sangre. Eso se puede y el país debe darle todo el respaldo a la fuerza pública. Que ante un ataque terrorista debe proceder con las armas de la guerra, pero aplicándolas siempre de manera legítima, sin desbordarse en sus atribuciones constitucionales. La Fuerza Pública indudablemente debe ser el brazo armado de las instituciones legítimas del Estado, pero nunca su cabeza.
¿Cree que estamos maduros para utilizar una comisión de la verdad para otros temas, como el paramilitarismo?
La primera obligación es de la justicia. Los primeros responsables de esas investigaciones son la Fiscalía y los jueces. No se puede descargar en una comisión de la verdad toda la responsabilidad sobre los oprobios de la guerra, sobre los crímenes que han pasado recientemente en el país de la guerrilla y de los paramilitares. Primero que todo deben actuar las autoridades jurisdiccionales. Pero indudablemente las comisiones de la verdad son un instrumento de credibilidad. Tienen una identidad ética que el país debe reconocer y son un mecanismo que en un momento dado puede servir para salir de situaciones de gran conflictividad. Son una catarsis a través de la cual se pueden canalizar las angustias de tantas víctimas que no han tenido una respuesta satisfactoria por parte de la impunidad.
¿Sintió miedo de contar la verdad?
El país ha cambiado. Más que el miedo que podemos sentir como humanos, la que nunca puede tener miedo es la sociedad colombiana, que no se puede doblegar. Las personas somos pasajeras. La sociedad y el Estado nunca pueden tener miedo para busca la verdad, para encontrarla y para divulgarla.
MARÍA ISABEL RUEDA
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
