Septiembre 17 de 2009
287 funcionarios judiciales han sido amenazados este año en Colombia, afirma Asonal Judicial
Presiones de paramilitares, narcos y guerrilla han obligado a trasladar despachos enteros.
El supuesto plan de narcos y 'paras' contra algunos magistrados de la Corte Suprema no es la única presión que han sentido en los últimos meses los encargados de administrar justicia en el país. Apenas ayer en Bogotá, la jueza del caso del Palacio de Justicia, que ha recibido amenazas, suspendió momentáneamente la audiencia contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por la presencia de dos personas que le parecieron sospechosas.
La jueza María Stella Jara recibió un sufragio en su oficina. Ahora, cada persona que asiste a las audiencias en su despacho debe registrar sus huellas digitales. La idea es compararlas con las que aparecieron en el sufragio y que todavía no han sido identificadas por la Fiscalía.
Aunque la situación de los responsables de administrar la justicia no es nada comparable a la crítica que hasta el 2002 se vio en el país, los estudios de seguridad realizados por el Consejo Superior de la Judicatura señalan que persisten dificultades en varias zonas, especialmente en las del suroriente, donde las Farc siguen apretando, y ahora en el suroccidente, donde la guerrilla y las nuevas bandas han disparado todos los índices de violencia.
En algunas zonas, incluso, la Judicatura se ha visto obligada a trasladar despachos enteros, especialmente por amenazas y presiones de las Farc.
Trasladan procesos y juzgados
La Corte Suprema acaba de aprobar cuatro solicitudes presentadas en los últimos tres meses por los jueces de Puerto Rico, que pedían el traslado a otros juzgados de los procesos por rebelión que debían tramitar en sus despachos.
"Cómo pedir al juez que sea independiente e imparcial cuando juzga a integrantes de dicho grupo armado ilegal en el territorio donde su presencia es permanente; y más aún, cómo esperar que los testigos concurran a señalar a los rebeldes acusados, cuando para llegar a la sede del juzgado deben emprender la aventura de su propia vida", señaló la Corte al ordenar los traslados.
La Sala Penal les asignó estos procesos a jueces de Bogotá. Según los magistrados, la petición era válida "(...) para poder garantizar la imparcialidad y la independencia de la administración de justicia y también para no poner en peligro la integridad personal de los sujetos procesales e intervinientes en el proceso".
En ese departamento se puede estar generando una crisis de justicia porque, al evaluar las solicitudes de los jueces de Puerto Rico, el propio Tribunal Superior de Florencia aseguró que ningún despacho del departamento estaba en capacidad de garantizar plenamente que no se dejaría presionar en los casos de rebelión.
Según un informe de la Judicatura, aproximadamente 90 funcionarios judiciales y 270 empleados han sido protegidos con una medida que sólo se toma en casos excepcionales: el traslado temporal de despachos.
No es una situación nueva. De hecho, en los últimos seis años se han aprobado 114 traslados definitivos de funcionarios porque, de quedarse, sus vidas corrían peligro.
Ataques en Cali y Chocó
Las cuentas de Asonal, el sindicato de la Rama Judicial, son todavía más críticas. Según sus voceros, hasta agosto iban 287 amenazados, entre jueces, fiscales y funcionarios de todo el país. Seis de cada diez de ellos son fiscales y miembros del CTI.
Asonal asegura que en este momento hay 62 jueces y fiscales asilados, la mayoría por casos de entre el 2006 y el 2008. Este año, al menos tres jueces han tomado el mismo camino.
Y aunque en los dos últimos años se han asignado cerca de 10 mil millones de pesos para protección de funcionarios judiciales, los violentos siguen golpeándolos.
Uno de los casos más conocidos fue el del fiscal Séptimo Especializado de Cali, Jairo Martínez Solarte, quien fue asesinado por sicarios cuando salía de su casa en el sur de la ciudad. Él investigaba el caso del atentado de la guerrilla al Palacio de Justicia y llevaba varios procesos contra las bandas delincuenciales de esa ciudad en las que habían aparecido los nombres de miembros de la Policía.
En Quibdó asesinaron a un juez y otro recibió cuatro puñaladas en el parqueadero de los juzgados de esa capital, aparentemente por uno de los procesos que tenía a su cargo.
Y uno de los investigadores estrella de Justicia y Paz en la Costa, el funcionario del CTI Larry Churrón, murió en un confuso ataque que fue presentado como un intento de atraco, pero que sigue bajo investigación.
Disparos no frenan las audiencias
Martha Liliana Benavides es jueza en Puerto Rico (Caquetá) desde hace cuatro años. Su último susto fue hace menos de una semana: "Estábamos en audiencia cuando hicieron unos disparos en la calle" -cuenta-. Tuvimos que continuar la audiencia porque no había nada más que hacer".
Benavides, como sus otros dos compañeros de plaza, ha tenido que pedir el traslado de procesos contra guerrilleros. "La Corte nos ha dicho que la situación de orden público que se vive en el municipio podría repercutir en el juez para decidir; por eso estamos remitiendo los procesos por rebelión que nos llegan", explica la jueza.
En julio, convocó a una audiencia de juzgamiento contra un procesado por rebelión. La sorpresa fue grande cuando el Fiscal 21 Especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo falló a esa primera cita y luego, simplemente, no apareció en el despacho. Su explicación fue que su integridad estaría en riesgo si viajaba hasta ese municipio y por eso fue la Fiscalía la que acudió al Tribunal Superior de Florencia para solicitar el traslado del caso.
Los magistrados, después de evaluar la situación, determinaron que ningún despacho en el Caquetá reunía las garantías que pedía el funcionario y remitieron la petición a la Corte Suprema.
El fiscal presentó un informe de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Comando Específico del Caguán, que opera en la zona.
En ese documento se relacionan más de 50 homicidios, varios casos de atentados con explosivos contra bienes y personas civiles, denuncias de retenes ilegales en las vías que conducen al municipio y quema de vehículos ocurridos en lo corrido del año.
La Corte atendió esos argumentos. "En el trasfondo de la petición se encuentra el temor infundido por las Farc, que ha concentrado su accionar manteniendo su influencia a partir de la intimidación producida por hechos violentos", dijeron los magistrados.
Los magistrados cotejaron ese reporte con las garantías que tienen la jueza Benavides y sus colegas. Ella vive a tres cuadras del Palacio de Justicia y no cuenta con ningún tipo de seguridad para sus desplazamientos.
Dice que son muchas las ocasiones en las que se queda con las audiencias preparadas porque el Inpec no traslada a los presos, que están en Florencia, sino a ciertas horas. Y a veces, por seguridad, simplemente los traslados se suspenden porque no hay garantías.
Los testigos tampoco llegan a las citas con la justicia. Hay casos en los que la guerrilla, cuando sabe que hay alguna diligencia programada, imparte la orden de suspender el transporte por río, que es el que utilizan las personas que viven en las veredas. Ante esto, los magistrados solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura que estudie un posible traslado provisional de estos despachos.
Amenazas en el caso de DMG
Las autoridades no descartan que detrás de casos de corrupción judicial que terminaron con la libertad de peligrosos delincuentes se escondan también amenazas.
Las investigaciones por las más recientes amenazas a la Corte Suprema -un tema que ya preocupa a la ONU y a la Corte Penal Internacional- apenas están avanzando en la Fiscalía y la Policía. Se sabe que el tema era conocido entre los 'paras' que fueron extraditados a Estados Unidos. Hasta ahora, no se ha hallado una conexión entre este caso y los hostigamientos a denunciados por la Corte desde que arrancó la investigación por la 'parapolítica'.
Otro de los jueces que recibieron protección en las últimas semanas fue el que dirige el proceso contra el jefe de DMG, David Murcia Guzmán. Durante el juicio contra el fundador de esa pirámide recibió mensajes intimidantes cuyo origen no ha sido identificado.
Esta semana, la Judicatura coordinó con la Policía Nacional un esquema de protección para la jueza María Stella Jara. Ella lleva el proceso del Palacio de Justicia.
REDACCIÓN JUSTICIA
