Mayo 12 de 2009
Reparación para las víctimas de agentes del Estado acepta el Gobierno
Pero puso una condición: que exista una decisión judicial que demuestre la responsabilidad del agente del Estado, sin que esto implique que la víctima requerirá un fallo que ordene su reparación.
El Gobierno accedió finalmente a incluirla en el proyecto de Ley de Víctimas. La reparación por vía administrativa es el proceso de restitución más ágil que el que ofrece la justicia ordinaria.
La plenaria de la Cámara, donde el proyecto está a punto de ser aprobado, votará un texto, que tiene el visto bueno del Ministerio del Interior y que incluye en la categoría de víctimas a "aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos (...) como consecuencia de acciones dolosas o gravemente culposas de agentes del Estado".
El Gobierno se había resistido al tema con el argumento de que los representantes del Estado no podían ser puestos en la misma categoría de victimarios que tienen los grupos armados irregulares. Esa posición se mantiene, pero el Estado da un paso más allá en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
El viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, le confirmó a EL TIEMPO que, tras varias reuniones con los ponentes del proyecto, la Comisión Nacional de Reparación y con Acción Social, el Gobierno "se hizo consciente" de la necesidad de garantizar la aprobación de la norma, seguida con interés por organizaciones de Derechos Humanos.
Pero puso la mencionada condición: que exista una decisión judicial que demuestre la responsabilidad del agente del Estado, sin que esto implique que la víctima requerirá un fallo que ordene su reparación.
Otra modificación sustancial tiene que ver con el reconocimiento como víctimas a las parejas homosexuales, como lo ordenó un reciente fallo de la Corte Constitucional. Hasta ahora, la reparación de las víctimas por vía administrativa se rige por el Decreto 1290 del 2008, que puso como límite para reclamar el 22 de abril del 2010 y no incluye a las víctimas de agentes estatales.
El monto más alto, correspondiente a conductas como homicidios, es de 18 millones de pesos. De pasar en el Congreso, el proyecto de ley tendría una vigencia de dos años después de su aprobación, es decir, todas las personas que se consideren víctimas podrían solicitar reparación incluso en el 2011.
Esos dos años se extenderían para los nuevos casos: si una persona es victimizada en junio del 2011 tendrá plazo hasta junio del 2013 para registrarse y hacer su solicitud. El Comité de Reparación Administrativa, que estará integrado por el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, un representante de las víctimas, Acción Social y el Ministerio del Interior y de Justicia, tendrá la labor de valorar la solicitud y darle el visto bueno.
En caso de que no exista un fallo, la víctima debe presentar una conciliación o la demanda contra el Estado. De acuerdo con cifras oficiales, hay 250.000 víctimas registradas, y a finales de mayo cerca de 12.000 serán las primeras en recibir el pago por vía administrativa.
PAULINA ANGARITA MENESES
REDACCIÓN JUSTICIA
