Estos datos se desprenden de un informe presentado hoy en el foro "Ejecuciones extrajudiciales: una realidad inocultable", organizado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, un colectivo integrado por distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

La divulgación de estos datos coincidió con el anuncio del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de retirar del servicio a 27 oficiales, entre ellos tres generales, por la desaparición de 20 jóvenes que habían sido dados por muertos en combate, cuando en realidad fueron reclutados y ejecutados por las fuerzas del orden.

El coordinador del Observatorio Sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Colombia, Alberto Yepes, argumentó que esas 535 personas "perdieron la vida a causas de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública".

De ese total, el 21,9 por ciento, es decir 117 casos, tienen algún tipo de seguimiento judicial, "pero no hay certeza de que el restante 78,1 por ciento sean o hayan sido objeto de algún proceso o investigación".

Julio de 2007 fue el mes que registró el mayor número de ejecuciones, en total 58 personas, en contraste con junio de 2008, el que representa el menor índice con una sola víctima, según el informe.

El estudio agrega que el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, es en el que se registró el mayor número de casos (67), seguido de Antioquia (65).

"Resulta preocupante constatar que estas regiones, prácticamente, coinciden con las regiones en donde se han localizado las principales acciones del Plan Colombia", reseña el documento.

Por instituciones, el informe indica que el Ejército colombiano es el mayor responsable de las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, pues se le atribuye el 93,7 por ciento de los casos, que representa 443 víctimas.

A la Policía se le atribuyen el 5,1 por ciento de las muertes y la Armada Nacional sería responsable de solo seis.

En un 97 por ciento de los casos las víctimas fueron hombres y el restante tres por ciento mujeres.

El 58 por ciento eran menores de 30 años y -de acuerdo al informe- las nuevas modalidades de ejecuciones ahora involucran a jóvenes de sectores marginados que desaparecen y después son ejecutados en lugares lejanos a sus hogares.

Ese fue el caso de los 20 jóvenes de la localidad de Soacha, por cuyo caso fueron hoy cesados 27 militares.

El informe sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia fue elaborado por 13 juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

Con EFE