Las medidas se aplicarán a partir del martes, luego de que los trabajadores rechazaran en la reunión de este lunes en el Palacio de Nariño la oferta del Gobierno que el Presidente Álvaro Uribe les hizo a los jueces y empleados de la Rama, que consiste en aumentar a 111 mil millones de pesos la propuesta anterior de 66 mil millones.

Igualmente, la judicatura y el Gobierno hicieron un llamado al Tribunal Superior de Bogotá para que resuelva la solicitud presentada por la Judicatura de declarar la ilegalidad del cese de actividades decretado por el sindicato Asonal - Judicial.

El paro mantiene frenadas unas 70 mil decisiones judiciales en el país, por lo que la Judicatura creó jueces de emergencia para enfrentar la situación.

En Bogotá funcionarán 5 Juzgados Promiscuos Municipales y 2 Promiscuos del Circuito en el Edificio San Remo ubicado en la Calle 19 No 6-28 pisos 6 y 7, en el Centro de la Ciudad. Estos Juzgados están atendiendo acciones de tutela y de hábeas corpus.

Así mismo otros 5 Juzgados Laborales estarán abiertos al público en el Mezanine del Edificio "Hernando Morales Molina", ubicado en la Carrera  10 No 14- 33. Estos jueces de emergencia resolverán acciones de tutela, hábeas corpus y los asuntos laborales correspondientes a su creación

Los asuntos penales serán atendidos por 18 Jueces de Control de Garantías que laboran en la Estación de Policía Los Mártires, ubicada en la Carrera 24 con calle 12. Seis de los jueces con funciones de Control de Garantías cumplirán turnos desde las 6 a.m. a las 2 p.m., de 2 p.m. a las 10 p.m. y otros 6 jueces se encuentran disponibles para atender asuntos que se presenten entre las 10 p.m. y las 6 a.m.

De igual forma funcionarán jueces de emergencia en las principales ciudades del país.

La Sala Administrativa de la Judicatura ordenó a los presidentes de los consejos seccionales coordinar con los magistrados de las salas, los directores seccionales de Administración Judicial, directores seccionales de fiscalía y comandantes de departamento de Policía las necesidades en materia de jueces y fiscales y logística que permitan el restablecimiento del servicio público básico de justicia en los asuntos de mayor urgencia.

Entretanto, el Consejo Superior de la Judicatura seguirá designando jueces de control de garantías y de conocimiento y la Fiscalía General a los fiscales, para atender las acciones judiciales urgentes relacionadas con la libertad de las personas, el Habeas Corpus y la Tutela.

La medida contemplada por el Gobierno, según dijo una fuente de la Judicatura, es una especie de estado de excepción que no tendría antecendentes en Colombia.

La posibilidad de aplicarla por decreto presidencial o por decisión del Consejo Superior de la Judicatura está siendo analizada.

Lo que pretende aclarar la Casa de Nariño es si con la medida tendrían las herramientas jurídicas para, incluso, reorganizar los distritos judiciales y reasignar los casos más delicados.

Los jueces reclaman un alza del salario como lo prometido en la Ley 4 de 1992. En esta norma se establece que a partir de 1993 se "revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base  de la nivelación atendiendo criterios de equidad". Lo que pretenden los jueces es que se haga la nivelación como ya se hizo para los magistrados de tribunales y de las altas cortes.

Mientras los sueldos de estos dos están entre los 15 millones y 21 millones de pesos mensuales sin deducciones, un juez penal del circuito especializado --el tercero en jerarquía de la Rama-- el sueldo está entre 6 y 7 millones de pesos.

Ellos están solicitando devengar el 80 por ciento de lo que gana su superior, un  magistrado de tribunal, por lo que el sueldo estaría por el orden de los 12'800.000. Lo mismo sucede con el juez del circuito y el juez municipal. Esta petición ha tenido eco en la Judicatura y le ha pedido al Gobierno que haga un esfuerzo  para poder subir los salarios. Por ejemplo, un juez municipal está ganado el 24 por ciento de lo que gana un magistrado de alta corte y, en el caso de un juez penal, el 30 por ciento.

Nivelación para funcionarios

En los juzgados hay otros empleados que también exigen que les suban el sueldo, especialmente porque la mayoría en estos despachos son personas profesionales. Un escribiente, por ejemplo, gana entre un millon y 1'350.000  pesos mensuales sin las deducciones. Un secretario está por el orden de 1'500.000 y 2 millones. Ellos aspiran ganarse por lo menos el doble de lo que están devengando.

Otra petición ha venido desde la Fiscalía, donde hay unos 20.000 funcionarios. La mayoría han sido contratados en provisionalidad y muchos de ellos han trabajado así durante años. Lo que ellos reclaman es que puedan  ingresar al régimen de carrera (solo se pueden despedir por causas muy especiales y debe ser motivado por el empleador). Lo que sucede es que al 31 de diciembre de este año se debe terminar la primera fase del concurso de méritos en esta entidad.

La Corte Constitucional ha reiterado en varios fallos que es inconstitucional que los provisionales lleguen a carrera sin concursar.