Los ministerios del Interior y de Hacienda presentaron la iniciativa al Congreso un proyecto de ley que pretende penalizar la captación ilegal de dinero.

Además de la pena de prisión, el responsable deberá pagar una multa de hasta 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes, suma que asciende a unos 23.000 millones de pesos.

De igual manera, el proyecto propuesto por el Gobierno Nacional también penaliza a los que, de manera deliberada, omitan los reportes de sus transacciones y almacenamiento de dinero a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entidad que hace parte del Ministerio de Hacienda.

Estas personas tendrán entre dos años y seis meses hasta nueve años de cárcel, así como una multa que podría ascender hasta los 15.000 salarios mensuales, es decir unos 6.900 millones de pesos.

"La proliferación de estas actividades (las 'pirámides') resulta preocupante porque pone en riesgo la confianza pública en el sistema financiero y deteriora la capacidad del Gobierno para establecer los controles adecuados que brinden garantías a los ahorradores -explicó el Gobierno-. En esa medida, es importante resaltar que la actividad lleva implícito un grave riesgo para todos aquellos que entregan su dinero".

El presidente Álvaro Uribe dijo ayer en Ipiales (Nariño) que hay 28 investigaciones en curso contra captadores ilegales de dinero en el país. Afirmó que "detrás de ese fenómeno especulativo" también puede haber "lavado de dinero del narcotráfico".