Asesinatos, desplazamientos forzados y despojo de tierras y propiedades aparecen en el nuevo expediente de la Fiscalía que enreda al polémico general.

En especial, se le investiga por el homicidio del campesino Marino López Mena asesinado en 1997, en Riosucio, Chocó, por las autodefensas, quienes cercenaron su cuerpo y jugaron con su cabeza, preciso el fiscal General, Mario Iguarán.

"Este proceso es distinto al que le fue precluido y que la Procuraduría solicitó revivir a la Corte Suprema", agregó.

La Procuraduría pidió a la Corte Suprema ordene reabrir otro proceso, por concierto para delinquir, que en el 2004 cerró el entonces Fiscal Luis Camilo Osorio.

Al momento de ser capturado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), del Río estaba en el Club Militar de Bogotá. Fue trasladado a los calabozos del búnker de la Fiscalía General.

La Fiscalía realizó investigaciones en Urabá y tomó como base las confesiones realizadas por los ex paras 'HH' y Salvatore Mancuso, ex jefes de las Auc. Ellos han acusado al ex Comandante de la XVII Brigada del Ejército de apoyar la expansión paramilitar durante su paso por Urabá.

El otro proceso

A través de la figura de la acción de revisión, la Procuraduría pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema "dejar sin efectos la preclusión de la investigación proferida en favor del brigadier general (r), por hechos relacionados con sus actuaciones como Comandante de la XVII Brigada del Ejército en la década de los noventa".

La preclusión, que en términos prácticos equivale a una absolución, fue decidida el 9 de marzo del 2004 por el despacho de Luis Camilo Osorio. En ese momento, Rito Alejo, uno de los generales más troperos y controvertidos del Ejército, tenía pendiente un proceso por concierto para delinquir, peculado sobre bienes de dotación y prevaricato por omisión relacionado con su paso por Urabá. Osorio también dejó sin efectos la orden de captura que tuvo a del Río detenido por algún tiempo y que fue expedida por la Fiscalía en tiempos de Alfonso Gómez Méndez.

En su solicitud a la Corte, la Procuraduría recordó que el general del Río asumió el mando en la Brigada XVII en diciembre de 1995 y que "para la época en la zona fueron múltiples las acciones de los grupos armados al margen de la ley, como desplazamiento forzado, secuestro, muerte a numerosos habitantes de San José de Apartadó, Dabeiba, Vigía del Fuerte, Pavarandó y otros poblados de la cuenca del río Cacarica, algunas en connivencia con miembros activos de la Fuerzas Militares".

La Procuraduría analizó el caso a la luz de los nuevos testimonios de los 'paras' y concluyó que al decidir el archivo la Fiscalía no pudo considerar todas las pruebas y por lo tanto hay nuevos elementos de juicio. "Los desmovilizados Hebert Veloza, Jorge Iván Laverde Zapata y Salvatore Mancuso (...) señalaron como colaborador en sus actividades ilícitas al brigadier general (r) del Río", dice el Ministerio Público.

El Procurador recordó que la Corte Constitucional les dio vía libre a las acciones de revisión porque "la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario es mucho más grave e inaceptable" y por eso le pidió a la Suprema que reviva el caso contra del Río.

Mancuso manifestó en versiones libres que el militar se reunió con él para buscar apoyo. Afirmó en Justicia y Paz que fue Del Río el artífice de la expansión 'para' en Urabá y que asistió a dos reuniones con él, Carlos Castaño y el 'Alemán': "Una en Tolová (Tierralta-Córdoba) y otra en la finca 'La 21', en San Pedro de Urabá. "(Al segundo encuentro).

El general llegó en un helicóptero civil, pero "estaba uniformado", declaró Mancuso.

'H.H' quien aseguró que "las acciones (de las Auc en la zona) eran coordinadas con la Brigada 17". Mencionó que la relación con Del Río se dio porque aquel "era muy amigo de Carlos Castaño y de Carlos García, alias 'Doble Cero'".