Entre los subversivos sometidos a la ley, que en su mayoría son de las Farc, está 'Karina'. Tres fiscales de la Unidad de Justicia y Paz ya han escuchado las versiones de 20 de ellos.

Con sus confesiones, los guerrilleros quieren convertir penas de hasta 40 años de cárcel en máximo 8 años a cambio de verdad, justicia y reparación.

17 audiencias más están programadas hasta el final de septiembre.

El número va en aumento, pues hay ya 276 solicitudes de guerrilleros presos, la mayoría mandos medios, que están cerca de ingresar al proceso de Justicia y Paz. Les hace falta la certificación del CODA y el visto bueno final del Ministerio del Interior.

En total, esa cartera ha recibido 578 solicitudes desde las cárceles, de las cuales 108 fueron desechadas porque no cumplen con los requisitos.

De los que ya tienen el pasaporte a Justicia y Paz, 34 son de las Farc; 11 del Epl, 6 del Eln y 2 del Erp. Entre ellos, aparte de 'Karina', la temida jefe de las Farc que desertó después de 20 años en la guerrilla, también están Félix María Quintero Carrillo, ex comandante del frente 'Libardo Mora' del Epl; 'Olivo Saldaña', cerebro de una controvertida desmovilización de un frente guerrillero; y parte de la comandancia del temido frente 'William Calvo' del Epl, responsable de decenas de secuestros y crímenes en Caldas.

Al menos un guerrillero de la 'Teófilo Forero' de las Farc, columna responsable de cruentas acciones como el atentado al club El Nogal, de Bogotá, también hace parte de los postulados.

En las diligencias los guerrilleros han mencionado nombres de gobernadores, alcaldes y otros políticos que, según ellos, colaboraron y financiaron a la guerrilla.

También han señalado nombres de empresarios, ganaderos, comerciantes y gente del común que supuestamente hizo arreglos con la guerrilla en varios departamentos.

Esas versiones, como en la parapolítica, han sido remitidas a fiscales de la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía y han dado pie para desempolvar procesos por masacres, secuestros, extorsiones, hurtos y desapariciones, entre otros delitos.

A la par de las confesiones, se ha avanzado en la búsqueda de las víctimas de la guerrilla. Los datos de la Fiscalía hablan de 10 mil personas que se han acercado a pedir reparación o verdad por actos de la subversión.

"Hemos tenido que ir separando los hechos por departamentos, por capitales y municipios e individualizando cada una de las denuncias de las víctimas que buscan saber qué pasó con sus seres queridos -dice un investigador-. Llegaron familiares de personas que aún están secuestradas, otros que preguntan por sus tierras, su ganado y otros bienes que les quitó la guerrilla".

Los fiscales buscan llegar a las fosas que ha dejado la violencia guerrillera por todo el país. "Como con los 'paras', se podrá saber sobre la suerte que corrieron muchos desaparecidos y secuestrados", agrega la fuente.

Los guerrilleros de Justicia y Paz ya entregaron información sobre cinco fosas en Tolima y Santander. Allí estarían al menos 12 personas y la Fiscalía, junto con el CTI y el DAS, ya está haciendo las verificaciones para llegar en los próximos días a estos sitios.

En cuanto a la reparación, los hasta hoy postulados han dicho que no tienen dinero, ni propiedades y que lo que recibían por secuestros y extorsiones iba para sus mandos.

Las confesiones

Felix M. Quintero, un mando de las Farc que tiene nueve condenas por secuestro y extorsión que le darían más de 40 años de prisión, admitió que su grupo reclutó a menores en Suratá (Santander) en el 2002 y que sus hombres participaron, junto con el Eln, en la toma a la cárcel de Cúcuta en el 2001, donde utilizaron bombas y otros explosivos.

Uni Vega, guerrillero de las Farc que participó en el secuestro de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, está entre los postulados y comenzará a dar su versión en Justicia y Paz.

El lunes y martes, un fiscal escuchó la versión de César Díaz Sosa, del frente 56, quien dice ser un de los jefes de finanzas de esa facción.

En su versión ha entregado los nombres de varios aspirantes a alcaldías del centro del país que, según él, después de llegar al poder colaboraron con la guerrilla.

'Karina' admitió que ordenó poner una casa bomba

Elda Neyis Mosquera García, 'Karina', es una de las guerrilleras que hablaron ante Justicia y Paz.

El 18 de mayo pasado se entregó al Ejército y al DAS y puso fin a casi dos décadas de vida en la guerra, en las que se convirtió en el azote de Antioquia, Chocó y Caldas.

En su primera entrevista ante dijo que participó en 31 acciones delictivas, casi todos ataques contra la Fuerza pública. Reconoció que ordenó asesinatos, pero dijo que no participó en masacres.

Asegura que no participó en desplazamientos ni desapariciones
forzadas, pero que sí ordenó minar campos en Sonsón (Antioquia). Reconoció que mandó a poner una casa bomba en la vereda El Retiro del municipio de Argelia.

'Saldaña' salpicó a políticos

Raúl Agudelo Medina, conocido en las Farc como 'Olivo Saldaña', fue protagonista de la polémica desmovilización de 70 guerrilleros de la compañía 'Cacica Gaitana' de las Farc en el 2006.

'Saldaña' lideró el proceso de desmovilización desde la cárcel, donde ha permanecido desde el 2004 cuando fue capturado en Pereira (Risaralda). En el proceso de Justicia y Paz ha ventilado las presuntas relaciones de un ex gobernador del Tolima con la guerrilla, así como la de por lo menos cinco alcaldes del sur del departamento y comerciantes. También entregó los nombres de varias reconocidas empresas que según él, le daban dinero a las Farc.

Alias 'Rojas' dice que no le han cumplido

Pablo Montoya, alias 'Rojas', el hombre que asesinó a 'Iván Ríos' (uno de los del secretariado de las Farc), se quejó ayer porque supuestamente el Gobierno no le ha cumplido con los beneficios y la recompensa que le prometió tras su deserción.

Ayer, el Ministerio de Defensa aseguró 'Rojas' recibió el dinero en julio, una vez se evaluó la información que entregó a las autoridades. Según el Ministerio, se le pagó por la calidad de la información que dio, más no por la muerte de 'Ríos'.

'Rojas' quiso entrar al programa de desmovilización, pero la gravedad de algunos de los delitos que cometió se lo impide. Se evalúa su ingreso a Justicia y Paz.

REDACCIÓN JUSTICIA