Los afectados serían quienes atendían áreas como el registro de desplazados, la atención humanitaria de emergencia, los planes de retorno, la coordinación entre  entidades territoriales y la entrega de tierras.

Aunque en el 2006 la Corte les puso por el mismo tema 'tarjeta amarilla' a varios altos funcionarios, entre ellos ministros y directores administrativos, las verificaciones sobre el cumplimiento de la famosa sentencia T-025 del 2004 no han llegado hasta ellos, si bien los mismos magistrados advierten que no es un escenario que se pueda descartar.

De hecho, los últimos requerimientos cobijan a 5 personas que ya no trabajan en atención de desplazados. El tribunal aclaró que su renuncia no los pone por fuera de su alcance.

En este momento, los magistrados están evaluando las respuestas de funcionarios y contratistas a preguntas como estas: "¿Qué acciones concretas ha adelantado usted para cumplir lo ordenado por la Corte (en materia de atención de desplazados)? ¿Qué acciones concretas ha adelantado usted para garantizar que los alimentos que se entregan a la población desplazada se mantengan en óptimas condiciones de almacenamiento e higiene?"

Es la segunda vez en la historia de este alto tribunal, y la primera que lo hace de manera masiva, que los magistrados consideran la apertura de incidentes de desacato. Quien incumple la orden de un juez se expone a sanción de cárcel, que según la ley puede llegar a los seis meses, y a multa de hasta 20 salarios mínimos.