El organismo le ha preguntado a Ecuador, Venezuela, Nicaragua y países europeos si han indagado sobre la existencia de redes de apoyo a esa guerrilla en sus territorios.

El fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo le confirmó a EL TIEMPO que su despacho envió sendas cartas a Colombia y a varios países para tener más detalles al respecto.

"El hecho de que no estemos investigando un caso en Colombia no quiere decir que no estamos actuando", dijo Ocampo.

"Por ahora estamos chequeando dos temas: si hay grupos que están trabajando en proyectos delictivos de las Farc en otros países y si hay investigaciones nacionales sobre eso", agregó.

La CPI dice tener "denuncias de existencia de redes de apoyo internacional a grupos armados responsables de cometer en Colombia crímenes que pueden ser de la competencia de la Corte".

Además de los países mencionados anteriormente, México, Dinamarca, Holanda y Suiza han recibido las cartas de la CPI.

"Sabemos que en Dinamarca hay un grupo que apoya financieramente a las Farc, no sé si cometiendo crímenes o no, pero hay que ver qué hacían, qué apoyaban", señaló Moreno.

¿Juegan los PC de alias 'Reyes'?

Aunque no ha hecho una alusión expresa al material que le incautaron a 'Reyes', es llamativo que el juez español Baltasar Garzón, que acompaña a Moreno en su visita al país y es reconocido como uno de los abanderados de la justicia transnacional, le ha dado plena credibilidad al material electrónico hallado en el campamento guerrillero del llamado 'canciller de las Farc' en la frontera con Ecuador.

Incluso, antes de que ocurriera la primera captura en Colombia por los correos, el juez Garzón ordenó la detención de Remedios García Albert, presuntamente la ficha clave de las Farc en España. Ella recuperó la libertad bajo fianza, pero continúa vinculada al proceso.

Este año, el Gobierno colombiano ha manifestado públicamente en varias ocasiones que acudirá a la CPI para denunciar supuestos arreglos de la guerrilla con funcionarios de países vecinos, pero hasta ahora no se ha dado el paso.

La última mención a esa posibilidad la hizo el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina, que anunció en Washington que Colombia podría demandar a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, porque presuntamente estaría dando apoyo a las Farc.

"Las palabras del Presidente (Ortega) indican que él colabora con la Farc, él lo dice", dijo Ospina el pasado mes de julio.

Efecto en el vecindario

El anuncio del Gobierno de llegar a la justicia internacional por el caso de Nicaragua ocurrió por el asilo que dio a tres supuestas guerrilleras de las Farc que estaban con 'Reyes' el día del bombardeo contra su campamento en marzo de este año y en el que pereció.

Inicialmente, el tema de la Corte Penal Internacional fue utilizado entre Colombia y sus vecinos dentro de una estrategia de amenazas mutuas por las diferencias que ocasionó la operación.

El presidente Álvaro Uribe fue el más directo en esta estrategia al advertir que su homólogo venezolano, Hugo Chávez, podría ser denunciado ante esa instancia. Después, tras la reconciliación que lograron los dos mandatarios en la Cumbre de Río que se celebró en Santo Domingo, el 7 de marzo, Uribe retiró esa posibilidad.

Pero con la declaración de la CPI el tema ha dejado de ser una amenaza entre mandatarios para convertirse en una realidad. La iniciativa es ahora de la CPI, un organismo alejado de los vaivenes de la diplomacia.

El reto para los vecinos colombianos es demostrar que están dispuestos a colaborar con las investigaciones de la Corte. En este escenario, Venezuela tiene la ventaja, pues su mandatario criticó la lucha armada de las Farc, en una clara estrategia por marcar diferencia con ese grupo armado ilegal, catalogado de organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea.

La situación incómoda es para Nicaragua, cuyo Gobierno no ha disimulado el respaldo al grupo guerrillero que lidera 'Alfonso Cano'.

El presidente Daniel Ortega ha llamado "hermanos" a los guerrilleros de las Farc y hasta expresó sus "condolencias" cuando se enteró de la muerte 'Manuel Marulanda Vélez', líder histórico de las Farc.

La situación más delicada para el Gobierno de Colombia es el mencionado asilo a las tres mujeres colombianas que se encontraban en el campamento de 'Reyes', los reiterados insultos de Ortega al presidente Álvaro Uribe y la versión, no confirmada, de que una delegación de las Farc estuvo en Managua para celebrar el vigésimo noveno aniversario de la Revolución Sandinista.

Colombia no está exenta del alcance de la Corte. La semana pasada El Nuevo Siglo reveló una carta del fiscal Luis Moreno Ocampo en la que pide información acerca del juzgamiento de los 14 ex jefes 'paras' extraditados a Estados Unidos y de la suerte de sus socios políticos en Colombia.

¿Qué función cumple la CPI?

1. La Corte Penal Internacional fue creada por el Estatuto de Roma de 1998. Su función es juzgar a los responsables de delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad. Tiene jurisdicción sobre la mayoría de los países del mundo, pero por ejemplo Estados Unidos no le ha reconocido competencia sobre sus ciudadanos.

2. La Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Colombia en lo que se refiere a delitos de guerra sino a partir de julio del 2009. En el 2002 el Gobierno de Andrés de Pastrana aplicó una salvedad por siete años para esa jurisdicción, bajo el argumento de que mientras tanto se buscaría la negociación de paz con grupos armados ilegales.

3. La Corte Penal Internacional es un tribunal "subsidiario o residual". Esto quiere decir que solo puede operar cuando la justicia de un país no ha querido o no ha podido investigar y castigar los crímenes de guerra y lesa humanidad. Su misión es evitar que los sistemas jurídicos internos permitan la impunidad en los casos.

REDACCIÓN JUSTICIA