Como una "burda maniobra de desprecio a una decisión judicial" calificó la Corte Suprema de Justicia" la medida del Inpec para negar su salida de prisión.
La afirmación la hicieron los magistrados de la Sala Penal del alto tribunal al solicitar al procurador Edgardo Maya su intervención ante el organismo carcelario para que de cumplimiento a la sentencia emitida.
Según los magistrados, el fallo fue emitido hace casi dos meses y no ha sido cumplido por el organismo carcelario.
En cambio se encontró con "(...) una respuesta descomedida e inaceptable por parte del entonces director del Inpec, el general en retiro Eduardo Morales, a quien el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio aceptó su renuncia al cargo hace dos semanas.
La condena impuesta debe prevalecer sobre la medida de aseguramiento que le impuso un fiscal seccional de Bucaramanga que la investiga por secuestro y rebelión. "Semejante actitud de una autoridad administrativa frente a una judicial que no tiene cabida en un estado de derecho", insistieron los miembros del alto tribunal en la carta enviada al procurador Maya.
Para la Corte Suprema "(...) el impedimento para que la condenada pasara en detención a su domicilio habría obedecido a la ley en el evento en que la Corte hubiera decretado la libertad, pues en tal caso la condición impuesta por el Fiscal instructor estaría surtiendo plenos efectos legales. La señora Medina ante el fallo de la Corte reconociéndole el derecho a la prisión domiciliaria debía y debe pasar a su residencia, desde luego privada de la libertad, con lo cual no han cesado los motivos de privación de ese derecho señalados condicionalmente por el instructor de la Fiscalía".
Los magistrados concluyeron en la carta enviada al Jefe del Ministerio Público que "La claridad de la orden y de su condicionamiento no puede soslayarse ni siquiera por un guardián del INPEC, mucho menos por un director general, quien así impidió que la directora del penal pudiera hacer efectiva la sustitución".
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