Los debates más fuertes se centrarán en tres grandes campos.

En cuanto al primer tema, la Corte evaluará si los acuerdos sobre propiedad intelectual podrían afectar el acceso a los medicamentos (derecho a la salud) de algunos colombianos en situación de protección especial.

En un segundo eje, según fuentes cercanas a la Corte, los magistrados analizarán si el acuerdo cumple con las convenciones internacionales como las suscritas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El debate se concentrará también en establecer si, como un todo, el TLC introduce un desbalance en lo acordado entre una superpotencia como E.U. y un país en vías de desarrollo como Colombia.

Dentro de los temas de menor calado que también llaman la atención de la Corte está el análisis de los mecanismos para resolver controversias. Es decir, si son ajustados a la Constitución los mecanismos de arbitramento previstos por los negociadores.

La Corte tendrá como plazo máximo hasta el 25 de julio para pronunciarse sobre el protocolo modificatorio, que se aprobó a instancias de Estados Unidos. Y tiene hasta el 30 de julio para definir si la norma del Tratado (Ley 1143 del 2007) es constitucional.

La Sala Plena decidió que la ponencia del tratado, cuya ponencia será a la magistrada Clara Inés Vargas, como la del protocolo modificatorio, que será presentada por el magistrado Manuel José Cepeda, serán estudiadas de manera simultánea.

En el último año han llegado a la Corte decenas de conceptos de universidades, sindicatos y ONG para que el alto tribunal los tenga en cuenta en su decisión. La mayoría de los que están en contra sostienen que el TLC contiene normas que extralimitan el ámbito comercial y que iría en contra de los intereses de Colombia.

Las voces a favor han dicho que en la misma Carta Política está consagrado el deber del Estado de promover el bienestar social y la integración económica y que no firmar el TLC iría contra el derecho al desarrollo de todos los colombianos.

Procuraduría dio aval

Uno de los conceptos más importantes lo entregó en marzo pasado la Procuraduría General, que le recomendó al tribunal declarar constitucional el Tratado, aunque con reparos.

Para la entidad, en la propiedad intelectual (capítulo 16) "el país podría convertirse en simple protector policivo de la propiedad intelectual de los Estados Unidos" y esto "podría retrasar las posibilidades de desarrollo".

La Procuraduría también cuestionó lo acordado en el tema de servicios públicos: "Vulnera la igualdad, la equidad, la reciprocidad y la seguridad jurídica de las empresas colombianas debido a que la mayoría de las obligaciones las asumiría Colombia sin la debida contraprestación económica".