Dudas en eliminar a la Judicatura y en que los magistrados elijan a sus reemplazos; segunda instancia, para muchos es inoportuna, y cambiar la manera para elegir al Procurador es 'inconveniente'.

¿Qué se discute en las cortes?
En los últimos días, magistrados de las altas cortes han comentado de manera informal los alcances y las dudas que deja el proyecto del Gobierno para reformar la justicia.

Según fuentes cercanas a estas corporaciones, hasta el momento se han planteado varias dudas. Por un lado existe una preocupación con volver a la cooptación (que los mismos magistrados elijan a sus reemplazos), mecanismo establecido en el plebiscito de 1957 y eliminado por la Constitución de 1991.

En este punto se ha planteado que -según altas fuentes de las cortes- "el riesgo que se corre es que las tendencias que existan al momento de la reforma se quedarían de por vida".

Otro tema que ha centrado la atención de los magistrados es que la reforma plantea prácticamente la eliminación Consejo Superior de la Judicatura, órgano que se encarga de administrar los presupuestos y los proyectos de la rama (por ejemplo, hacerle seguimiento al nuevo Sistema Penal Acusatorio, el tema de disponer de jueces de descongestión para ciertos casos, etc...).

La idea del gobierno es que  la Sala Administrativa de la Judicatura sea integrada por tres presidentes de las cortes, quienes deben nombrar un gerente de la Rama. Con esta decisión, la Judicatura solo quedaría con una Sala Disciplinaria, que juzga a fiscales, jueces y abogados.

"No es posible que los presidentes de las altas coporaciones, además de su trabajo interno, le hagan seguimiento a todos los proyectos de la Rama. Esto puede generar una inestabilidad institucional. La Rama no puede ser las cortes por separado, esto tiene una unidad", dijo otra fuente de las cortes.

Otros magistrados de los tribunales han dicho que esta "reforma diluye la discusión nacional sobre qué hacer para que no vuelva a ocurrir escándalos como la parapolítica". Y que se pretenda cambiar la Constitución cuando la reforma se puede hacer con la que está vigente.

Sobre esta discusión también se han pronunciado expertos en el tema:

Guillermo Chaín, ex presidente del Consejo de Estado
"En general me parece que es como volver un poco a lo que había antes de la Constitución del 91. Me parece que, en parte, significa revaluar un poco de instituciones o que no funcionaron o no se adecuaron a la situación planteada por la Constitución 91", dijo Chaín.

El ex consejero recuerda que cuando se implementó la Constitución del 91 criticó que a las cortes se le diera la posibilidad de participar en la elección de cargos como el del Procurador o el del Fiscal. Ahora, con la reforma, se quiere volver a la cooptación.

"Eliminar eso sería muy conveniente a la administratción de justicia porque distrae a los jueces y a los magistrados de su función y  los pone en contacto y los hace susceptibles a la presión de políticos", dijo. 

Chaín le dijo a EL TIEMPO que está de acuerdo con la segunda instancia en la Corte Suprema y en el Consejo de Estado por las implicaciones que tienen las sanciones.

Sobre el Consejo Superior de la Judicatura explicó : "Es volver a lo que existía antes. En aras de la eficiencia se podría pensar en buscar una entidad un poco más ágil".

Alfonso Gómez Méndez, ex fiscal y ex procurador
Está de acuerdo con el Gobierno de aumentar la edad de retiro forzoso (de 65 años a 70 años) y de aumentar los periodos de los magistrados (de 8 años a 12 años).

"Me parece que lo que se trata es garantizar la independencia de los magistrados. Si ponemos más edad y aumentamos el retiro forzoso, los magistrados no llegan con la esperanza de que después de que salgan puedan seguir obteniendo prebendas de los gobiernos. Eso garantiza la independencia porque sería la última actividad en su vida", dijo Gómez.

Se refirió a la segunda instancia para el juzgamiento de congresistas en la Corte Suprema: "Estoy de acuerdo en la segunda instancia, pero la reforma es inoportuna por el hecho de que la Corte Suprema tenga estos procesos (los casos de la 'parapolítica). Esto se había podido hacer antes y no en la mitad de todos estos procesos".

Y agregó: "Con la reelección se rompió el equilibrio de poderes. Todos los altos funcionarios no eran reelegibles y se rompió ese equilibrio. Yo soy partidiario de prohibir de nuevo la reelección. Que volvamos a la fórmula inicial. Y más bien se piense en aumentar un periodo a 5 o 6 años al Presidente, pero sin posibilidad de reelección".

Alfredo Beltrán Sierrra, ex magistrado de la Corte Constitucional

Considera que la reforma planteada es inoportuna. ¿La razón? "La Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría están ejerciendo sus funciones conforme a la Constitución vigente respecto a unos servidores públicos y podría darse la impresión de que se trata de modificar las normas", refiriéndose a los expedientes de la 'parapolítica'.

Beltrán tampoco está de acuerdo con una reforma a la elección del Procurador, que estaría en manos de una terna que presente el Presidente para que elija el Congreso, como lo propone el Gobierno.

"Me parece complicado a la Procuraduría que se pasa a que la terna la haga exclusivamente el Presidente. Eso es reforzar de nuevo la autoridad presidencia en ese punto. Es un retroceso", dijo Beltrán.

Recordó que en la Constitución de Núñez y Caro, el Procurador era elegido directamento por el Presidente de la República. Solamente con la reforma de 1945 se logró que se flexibilizara esa norma en cuanto el Presidente presentara la terna, para que la Cámara de Representantes eligiera. Vino luego la de 1991, en la que se estableció que la terna se hacía con la nominación del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

REDACCIÓN JUSTICIA