"Hay razones de interés público" para hacerlo, le comunicó la Procuraduría al Ministerio de la Protección Social.

Esto se produce un día antes de que el Consejo de Estado defina la suspensión de la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (Pila), en medio de una demanda que pretende tumbarla definitivamente.

Según la Procuraduría, "resulta contrario a la Ley el gravamen que pretende imponer un costo al usuario, cuando estos en virtud de la ley de seguridad social no pueden tener otra carga económica diferente a la cotización o aporte al sistema en la cobertura de cada riesgo".

Inicialmente estaba previsto el cobro de tres mil pesos por aportante.

El Ministerio Público señala que el Ministerio de la Protección Social no tiene control efectivo sobre los operadores que están cobrando ilegalmente por Pila, "lo cual genera una cadena de corrupción y de irregularidades".

La Procuradoría considera que la nueva planilla tiene huecos que podrían dar lugar a fraudes contra el sistema de seguridad social.