El fiscal ecuatoriano, Washington Pesántez, pretende establecer quién ordenó y cómo se realizó.
Fuentes de la Fiscalía explicaron que la petición está siendo valorada para determinar si es viable y, de ser así, cómo se realizaría, pues Juan Manuel Santos goza de un fuero especial.
Se entraría a analizar, además, con la Oficina de Asuntos Internacionales los mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.
La tercera petición se hizo el pasado viernes, según Pesántez, quien dijo que ha recibido cierta colaboración, aunque no total, de Iguarán.
Autoridades colombianas han solicitado también la cooperación judicial de Ecuador para tomar las declaraciones de las personas que resultaron heridas tras el ataque y que fueron atendidas en hospitales de ese país.
"Se investigan dos hechos con características de delitos: Atentar contra la seguridad del Estado y por la muerte de las 26 personas, en lo que hay la figura de asesinato", dijo el funcionario a la prensa.
Agregó que necesita "saber los nombres de las tropas, quién ordenó (la incursión) para imputarlos" en un proceso penal. "Quiero saber qué es lo que pasó, cómo así aparecen (cadáveres) con balas por la espalda, cómo así murió (el ecuatoriano Franklin) Aisalla con golpes en la cabeza", enfatizó.
Pesántez señaló que "el delito se cometió en territorio ecuatoriano (...) y hay el principio de territorialidad".
El fiscal ecuatoriano aseguró que el viernes hizo por tercera vez el pedido a su colega colombiano, Mario Iguarán, y que tiene en marcha "más de cincuenta diligencias" para recabar información al respecto.
No obstante, reconoció haber recibido colaboración, "aunque no total", de Iguarán en las causas que sigue por "asesinato y violación a la seguridad del Estado" relacionadas con la incursión militar del primero de marzo contra bases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en territorio ecuatoriano.
En el ataque -a raíz del cual Quito mantiene rotas las relaciones diplomáticas con Bogotá- murieron el jefe rebelde Raúl Reyes y otras 24 personas, incluidos cuatro mexicanos y un ecuatoriano que se hallaban en el campamento bombardeado.
La Organización de Estados Americanos (OEA) -que media en la crisis diplomática- rechazó el ataque como una violación de la soberanía ecuatoriana, mientras Quito sospecha que Colombia actuó con la ayuda de Estados Unidos, lo que ha sido descartado por la embajada estadounidense en Ecuador.
El gobierno del presidente Rafael Correa denunció que varias de las víctimas fueron ajusticiadas, que el ecuatoriano Aisalla fue asesinado a golpes y que las tres mujeres que sobrevivieron al ataque no recibieron atención médica de las tropas colombianas que intervinieron en el operativo.
Con AFP y Efe
Quito
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