Uno de ellos será la designación del Fiscal. Desde hace 17 años, la Corte Suprema lo elige de terna enviada por el Presidente y, al parecer, Uribe respaldará en su discurso ese mecanismo.

Pero un sector del Congreso -entre ellos la 'U'- está dispuesto a estudiar una polémica iniciativa que ya conoce el Gobierno, que proviene de la academia y que sacaría a la Corte del juego.

Consiste en que al Fiscal lo nombre directamente el Presidente e incluso, que la entidad salte de la rama Judicial a la Ejecutiva o quede como un órgano independiente.

El penalista Jaime Granados -motor de la iniciativa- explicó que en ese nuevo esquema el Senado se arrogaría el poder de vetar al nombrado, pero solo por razones de peso:

"Por 30 días -dice- habría audiencias públicas para estudiar posibles impedimentos para su designación y para que se apruebe una especie de plan de política criminal concertado con el Ejecutivo".

Y añade que para garantizar la independencia del Fiscal, el Presidente no tendría ni poder ni injerencia para retirarlo del cargo.

Una fórmula similar se barajó en el pasado, por iniciativa del hoy ex presidente y jefe del partido Liberal, César Gaviria. Aunque entonces el veto recaía en una de las Cortes, el antecedente podría ser un indicador de aceptación entre algunos liberales.

Dura prueba

El consenso en el que tanto ha insistido el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, para sacar adelante la gran reforma a la Justicia se pondrá realmente a prueba en las próximas semanas.

Así quedó evidenciado este viernes, poco después de que el propio Valencia decidió destapar parte de las cartas del Ejecutivo en esta materia, para ambientar lo que dirá hoy en la instalación del Congreso el presidente Álvaro Uribe.

Esa misma noche, varios magistrados de la Corte Suprema se cruzaron llamadas manifestando su respetuoso disentimiento con las fórmulas que se revelaron sobre la doble instancia en el juzgamiento de congresistas. La que menos les sonó es la que asigna la segunda instancia a su Sala Plena.

También expresaron su descontento con el hecho de que se proponga quitarle a la rama Judicial la posibilidad de postular Procurador.

Lo que piensa la Judicatura

La iniciativa -inspirada en el modelo gringo- causará controversia. De hecho, el prediente de la Judicatura, Hernando Torres, le dijo a EL TIEMPO que se deben poner todos los temas sobre la mesa, incluido el del Fiscal, pero sobre la base de que la reelección presidencial del 2006 afectó el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución: el mandatario terminó ternando al actual Fiscal que, según el espíritu de la Carta debía haber ejercido durante parte del mandato de su sucesor.

Pero Valencia no solo tendrá que sacar a relucir sus calidades de concertador en ese punto. También, en la iniciativa para modificar la designación de Procurador, hoy elegido por el Senado de terna armada por el Presidente, la Suprema y el Consejo de Estado.

El viernes se propuso que la terna emane solo del Ejecutivo; en el Senado circula la idea de que sea un funcionario de elección popular; y la Suprema quiere que las cosas queden tal y como están.

Lo que sí suena en el Congreso

En lo que parece no habrá discusión es en la iniciativa de que se amplíe el periodo de las mesas directivas de Senado y Cámara -de un año a dos o incluso cuatro- al igual que el número de sus miembros.

Para el Ejecutivo, el actual modelo es fuente de inestabilidad e ineficiencia, el mismo argumento para proponer ampliar los periodos de Procurador, Contralor y Fiscal. Además -dice- es necesario dar representación a todas las tendencias, adecuando el modelo al régimen de bancadas.

También suena la unificación de la gerencia administrativa del Congreso y el mejoramiento de la representación de las regiones en Senado. Si bien no aumentarían las curules, se propone adicionar una circunscripción: además de la nacional y departamental, habría una regional.

El reto es que la reforma salga avante antes de que la atención del Congreso se concentre en una posible segunda reelección.

¿Quién cedería más en esta reforma?

A pesar de lo incipiente de la discusión en torno a la reforma a la Justicia, lo que está claro es que esta plantea asuntos que pueden ser atractivos para las cortes, pero que también les resta mucho poder. La Suprema perdería la facultad de investigar a los congresistas si se le traslada ese rol a la Fiscalía.

Y ante la opción de que la primera instancia se mantenga en la Sala Penal y que las apelaciones las decida la Sala Plena, algunos creen que los magistrados laborales y civiles no manejan el tema penal.

También son escépticos ante la propuesta que les quita la posibilidad de ternar candidatos a Procurador y falta que se pronuncien sobre el tema del Fiscal. No obstante, reconocen que el Ejecutivo está cediendo en lo referente a la postulación de magistrados de la Corte Constitucional.

Además, les quedó sonando la ampliación del período de los magistrados de 8 a 12 años, pasar de 65 a 70 años su edad de retiro forzoso y que la Comisión de Acusación ya no los investigue, sino la Fiscalía.

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