Doble instancia para el juzgamiento de los congresistas, aumento de 8 a 12 años en el período de los magistrados y cambios en la manera de elegirlos, son algunas de las propuestas.

Según el ministro Fabio Valencia, lo que se busca es una mayor independencia y eficiencia de la Rama Judicial.

"¿Cuál es el propósito de la reforma?: Autonomía e Independencia. Y eso lo queremos para la Rama Judicial y para todas las demás ramas con el propósito de que cada una cumpla su función de manera autónoma e independiente", dijo el Ministro.

El Gobierno plantea que sea la cooptación (la elección entre las mismas Cortes) la norma para llenar las vacantes de magistrados.

En ese orden de ideas, el Gobierno parece dispuesto a sacrificar la opción que tiene, por ejemplo, de postular a tres de los magistrados de la Corte Constitucional. "La cooptación se haría en todas las Cortes, Constitucional, Suprema, Consejo de Estado y en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura", dijo Valencia Cossio.

El Gobierno ofrece también dos 'zanahorias' a las Cortes: que el período se amplíe a 12 años (está en 8) y que la edad de retiro forzoso pase de 65 a 70 años.

Para ser magistrado, el candidato deberá tener no menos de 45 años y demostrar una experiencia de de 20 años en la academia, en la Rama Judicial o en el ejercicio profesional de abogado.

En una especie de contraprestación, las Cortes soltarían la posibilidad de ternar, como hoy, al Procurador General. Eso quedaría en manos exclusivas del Presidente. La terna para Fiscal General seguiría como hoy.

"En el caso del Consejo Nacional Electoral y del Registrador, el Consejo de Estado haría una lista de elegibles, previo un concurso. El Congreso elegiría", explicó el Ministro.

Los períodos de esos funcionarios también se aumentarían.

La reforma administrativa pasa por cambiar la Sala Administrativa, que quedaría compuesta por los tres presidentes de las Cortes (Constitucional, Suprema y Consejo de Estado) más un magistrado elegido por ellos. Allí se elegiría un gerente general de la Rama.

El Gobierno quiere cambiar el juzgamiento de los congresistas y la pérdida de investidura y por eso planteó dos opciones: en la parte penal, que la primera instancia la haga el Tribunal Superior de Bogotá y la segunda, la Sala Penal de la Corte Suprema. Otra opción sería que la Sala Penal fuera primera instancia y la Sala Plena hiciera la revisión.

En el caso de la pérdida de investidura, la primera instancia sería el Tribunal Superior de Cundinamarca y la segunda la haría la Sala Plena del Consejo de Estado.

Otro cambio fundamental sería que los funcionarios con fuero ya no serían investigados por la Comisión de Acusación sino por la Fiscalía, pero el Congreso acusaría y juzgaría.

La propuesta fue presentada por el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio en un encuentro al que asistieron el presidente de la Corte Suprema, magistrado Francisco Ricaurte; el de la Constitucional, magistrado Humberto Sierra Porto; el del Consejo de Estado, magistrado Enrique Gil; el del Consejo Superior de la Judciatura, el magistrado Hernando Torres.

El punto de partida, como lo aseguraron fuentes de la Corte Constitucional, es el control de constitucionalidad a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que fue conocido esta semana.

La Corte Constitucional aprobó grandes reformas al engranaje de la justicia, como la posibilidad de que tanto la Corte Suprema, como el Consejo de Estado puedan seleccionar las sentencias que estimen pertinentes para unificar jurisprudencia.

Los presidentes de las altas cortes evaluarán las propuestas que propone el Gobierno para dar sus puntos de vista.

REDACCIÓN JUSTICIA