Romero incurrió -según la Fiscalía- en un caso de 'piratería económica' debido a que fueron omitidos los requisitos, la normativa, los estatutos y los reglamentos de una actividad exclusiva de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los hechos que llevaron a la condena ocurrieron en octubre del 2007, cuando agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) se percataron de la llegada masiva de personas al barrio La Vega, en el oriente de Villavicencio. Allí entregaban desde 50 mil hasta un millón de pesos a vendedores informales que atendían en la calle.

Los investigadores establecieron que los ahorradores depositaron más de 62 mil millones de pesos en las cuentas de la mencionada empresa, con el propósito de obtener en tres meses ganancias del 125 por ciento.

El 21 de diciembre de 2007 investigadores del CTI incautaron 117 millones 426 mil pesos, que fueron entregados por los ciudadanos en solo dos horas de atención al público.

Posteriormente, la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI) recibió más de 1.360 contra la firma que no cumplió con la devolución del dinero, y que mediante información errónea trató de responsabilizar a la Fiscalía, con el fin de evadir los pagos.

La lectura del fallo condenatorio se hará el próximo 8 de septiembre a las 3 de la tarde en la capital del Meta.