William Pérez Espinel deberá responder por presuntas irregularidades en la contratación de la compra de dos vehículos recolectores de residuos sólidos para los municipios de Trinidad y Hato Corozo.

Para el Ministerio Público, el ex mandatario adelantó presuntamente un contrato de forma directa eludiendo principios de la Ley 80 de 1993 o ley de contratación estatal.

El convenio se firmó, según la Procuraduría, por 399 millones de pesos en diciembre del 2003 con la empresa Hidroductos LTDA, la cual supuestamente subcontrató con la Empresa Cooperativa para la Gestión y Administración de Entidades Territoriales.

El Procurador advirtió que aparentemente Pérez Espinel solo convocó a administradoras públicas, cooperativas, consorcios o Uniones temporales cuando se trataba de una licitación pública.

"Posiblemente el gobernador encaminó toda la actuación para eludir la licitación pública desde el inicio de la actividad contractual bajo el argumento de que era una forma segura, rápida e inmediata para la contratación y a pesar de tener los precios del mercado, al parecer suscribió el contrato por un precio mayor al ofrecido comercialmente pudiendo incurrir en sobrecostos", señaló la Procuraduría delegada.

La acusación disciplinaria es por violación de los principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva dentro de un proceso contractual.