EL TIEMPO tuvo acceso a un documento que, aunque está sujeto a diversos ajustes y afinaciones, ya fue incluso discutido en una sesión en Casa de Nariño.

De acuerdo con ese borrador que manejan varios senadores, el primer capítulo de ajustes que algunos legisladores planean impulsar, el Procurador ya no investigaría disciplinariamente a los congresistas y, finalmente, estos tendrían doble instancia en causas penales.

Hoy, la ley prevé que el Procurador se encargue de su juzgamiento disciplinario y la Corte Suprema -como única instancia- de lo penal.

Pero el creciente número de legisladores empapelados por sus presuntos nexos con el paramilitarismo los ha llevado a replantear este mecanismo, especialmente en materia penal, y a buscar una doble instancia.

Van 64 legisladores implicados (casi una cuarta parte del Congreso) y varios renunciados, entre ellos, Mario Uribe, Álvaro Araújo, Álvaro García Romero, Dieb Maloof, Miguel Alfonso de la Espriella, Alfonso Campo Escobar y Jorge Luis Caballero cuya suerte quedó en manos de la Fiscalía y de jueces ordinarios.

El afán por modificar este punto es tal que, en febrero último y por iniciativa de los conservadores, el Congreso intentó abrir un camino para apelar condenas. Propusieron que la Fiscalía los investigara; la Sala Penal de la Suprema los juzgara en primera instancia; y la Plena se pronunciara de fondo.

Pero el asunto se hundió y únicamente volvió a sonar el 29 de mayo último cuando la Corte Constitucional intentó tocar el asunto.

Sin embargo, esta solo se limitó a ordenarle al Congreso crear un órgano investigador dentro de la propia Suprema para separar la etapa investigativa de la de juzgamiento.

Esta tarea pendiente podría incluirse en la reforma e incluso fundirse con la polémica iniciativa de crear un Tribunal Especial.

"Esa idea sigue viva, aunque no fue bien recibida en abril pasado cuando se nos filtró", le dijo el jueves a EL TIEMPO un senador de la bancada uribista que, sin embargo, no dio detalles de los alcances que podría tener ese nuevo ente, si es que finalmente es acogido.

Lo que sí se da casi por descontado es que el Congreso tenga muy pronto un ajuste en el mecanismo de juzgamiento disciplinario de sus miembros.

Los defensores de esta medida -que en principio dejaría fuera de escena al Procurador General, abriéndole paso aun nuevo ente- esgrimen un argumento de peso: que no es políticamente correcto que el Procurador sea elegido por el Senado, le rinda cuentas al Congreso en pleno y, a su vez, procese disciplinariamente a los 266 padres de la patria.

Pero no se descarta que termine variando el mecanismo de elección del Procurador, para que este siga ejerciendo vigilancia en el Legislativo.

También se piensa proponer una revisión a la designación de Fiscal General -hoy elegido por la Suprema de terna enviada por el Presidente-; e incluso de la del Contralor.

Este último cargo es designado por el Congreso en pleno -órgano al que el Contralor vigila- de terna integrada por candidatos presentados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Es más, no se descarta que también se le eche una mirada a la manera como se están ternando los candidatos a magistrados de las altas cortes.

¿Qué piensa el Gobierno de este borrador? ¿Cuándo piensan destapar sus cartas de la gran reforma a la justicia?

El 15 de agosto sería radicado

Si las cuentas del Gobierno y de la bancada uribista se cumplen, el viernes 15 de agosto estará radicado en el Congreso el proyecto de reforma a la justicia, una iniciativa que los últimos tres ministros del ramo -Fernando Londoño, Sabas Pretelt y Carlos Holguín- intentaron, sin suerte, sacar avante y que ahora se abre paso en medio de un radical y abierto enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte Suprema, uno de los tribunales que sufrirá más ajustes de fondo.

Tal vez, la polarización que ha provocado este enfrentamiento en algunos sectores, ha llevado a que el temario de la reforma -que implicaría cambios en la Constitución y en leyes estatutarias y ordinarias- se mantenga en reserva.

Todo está previsto para que Valencia Cossio -quien insiste en limar asperezas con la Corte Suprema- se reúna esta semana con un grupo de alto nivel que discutirá, entre otros temas, el futuro de esta reforma.

¿Y de la reforma política qué?

A un ritmo tal vez más veloz, un grupo de siete expertos designados por el propio Gobierno avanza en una segunda reforma: la política.

Este paquete de ajustes -que busca blindar a los partidos de los grupos ilegales- espera estar afinado y radicado en el Congreso a más tardar el 20 de julio próximo.

Aunque la agenda de la llamada comisión de ajuste es mucho más reservada, EL TIEMPO conoció que un grupo de congresistas de la bancada uribista planea insistirle al Ejecutivo en dos temas específicos.

El primero de ellos es el de la reducción del umbral o tope mínimo de votos que debe obtener un partido para acceder a una curul en el Congreso y, de paso, para no desaparecer del mapa político.

La idea es que ese umbral quede entre el 2 y el 3 por ciento y no en un 5 por ciento, como lo han venido proponiendo algunos partidos, entre ellos el Liberal y el Conservador.

Incluso, el Polo Democrático -hoy con algunas fisuras- es partidario de que el umbral sea menor a un 5 por ciento y en esa postura lo acompañan colectividades como Convergencia Ciudadana y MIRA.

El segundo punto que se piensa impulsar es el del regreso a las listas cerradas y, por ende, el de la desaparición del llamado voto preferente.

Para algunos congresistas es claro que este último mecanismo dejó confundidos a los electores, lesionados a algunos partidos y por fuera del Legislativo a candidatos con importante apoyo electoral.

Ambos temas, el del umbral y el del voto preferente, se discutieron en la reforma política que impulsó el propio Congreso hace un mes y que tuvo un entierro de tercera.

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