En un comunicado, afirmó que la decisión de la Sala Penal que condenó a Yidis Medina por aceptar ofrecimientos a cambio de su voto por la reelección, no buscaba afectar la institucionalidad.

Los términos de la declaración de la Corte en pleno fueron analizados por casi 12 horas.

Finalmente, sobre las 7 de la noche, el presidente del tribunal, Francisco Javier Ricaurte, leyó una declaración de siete puntos que respalda cabalmente la actuación de la Sala Penal y le exige al Gobierno respeto por las decisiones de la justicia.

Según el magistrado, los términos de la sentencia contra Yidis fueron producto de un estudio "serio, ponderado y de contenido eminentemente jurídico".

"El envío de copias (de la condena) a la Corte Constitucional y la Procuraduría no fue un acto caprichoso ni abusivo, tuvo como fundamento la Constitución Política", dijo Ricaurte.

El magistrado mencionó el Artículo 21 de la Ley 600 del 2000, "que impone a los jueces de la República, una vez verificada la existencia del delito y la responsabilidad de su autor, restablecer los derechos conculcados por la acción delictiva".

Tras rechazar los "agravios" de la intervención televisada del presidente Álvaro Uribe del pasado jueves -en la que pidió un referendo para revalidar su reelección y habló de "justicia selectiva" y magistrados que le hacían juego al terrorismo-- la Corte aseguró que no intenta acorralar al Congreso ni al Gobierno.

El presidente de la Corte aseguró también que ese tribunal nunca ha protestado por la extradición de paramilitares y anunció que no entrará en "polémicas estériles" con el Ejecutivo.

La Corte invitó a los ciudadanos a que denuncien "las conductas de los magistrados que, a su juicio, deban ser investigados".

"Estos, a su vez, estarán prestos a dar explicaciones que requiera su juez natural", agregó.

En sesión extraordinaria en sala plena del día de hoy, acordó.

1. Respaldar la decisión emitida por la sala de casación penal que, de acuerdo con su texto es el resultado de un estudio serio, objetivo y ponderado de las pruebas allegadas al proceso. Por tanto, su contenido es eminentemente jurídico, carece de motivaciones diferentes a los estrictamente constitucionales y legales. No pretende  causar conflicto con otras autoridades, ni afectar la institucionalidad.

2. Exhortar al gobierno nacional a respetar y acatar las decisiones de la corte suprema de justicia, así como las de cualquier juez de la república, dado que ellos obedecen al ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional y en consecuencia cualquier incidencia indebida resquebraja y desquicia el estado social y democrático en derecho.

3. Rechazar enérgicamente las calificaciones, agravios e infundadas imputaciones contenidas en la alocución presidencial del 26 de junio, dado que en ningún modo se ha presionado al presidente de la República, ni al Congreso de la República. Tampoco la Corte Suprema ha aplicado criterios de justicia selectiva. Ninguno de sus miembros cohonesta con el terrorismo.

4. Resaltar que la Corte Suprema de Justicia no ha protestado por la decisión del Presidente de la República de extraditar a los 14 jefes paramilitares. Simplemente esta corporación recibió del Jefe de Estado información necesaria para determinar su competencia respecto de la ley de Justicia y Paz. La sala de casación penal desde el año 2001 ha emitido 902 conceptos favorables en materia de extradición.

5. Señalar que la remisión de copias de la sentencia condenatoria contra la ex congresista Yidis Medina a la Corte Constitucional y a la Procuraduría, para los fines que estimaran pertinentes no fue un acto caprichoso, abusivo o desestabilizar del orden jurídico. Tuvo como fundamento la Constitución Política, instrumentos internacionales y, concretamente, el artículo 21 de la ley 600 del 2000, que impone a los jueces de la república. Una vez verificada la existencia del delito y la responsabilidad de su autor, restablecer los derechos conculcados por la acción delictiva.

6. Respetar, se insiste, la potestad que tienen los ciudadanos para poner en conocimiento de las autoridades competentes las conductas de los magistrados que, a su juicio, deban ser investigados. Estos, a su vez, estarán prestos a dar explicaciones que requiera su juez natural.

7. Por último, la Corte Suprema de Justicia acogiendo el clamor general, en aras de la preservación de las instituciones democráticas de la concordia y del bien de la nación, no entrará a fomentar polémicas estériles que impidan la realización de los fines del estado.