El conflicto de tierras tras la cerca de Supía

El conflicto de tierras tras la cerca de Supía

Problema familiar volvió a escalar viejo debate limítrofe entre afros e indígenas en Caldas. 

Indígenes de Riosucio

En el Alto Occidente de Caldas, los indígenas son mayoría de la población. Reclaman que sus resguardos recuperen tierras perdidas.

Foto:

John Jairo Bonilla

30 de julio 2017 , 10:30 a.m.

Una cerca en un predio de Supía (Caldas) reabrió, durante las dos últimas semanas, el debate entre indígenas y población afrocolombiana de ese municipio sobre los límites de territorio que le corresponden a cada comunidad.

Todo empezó por un conflicto familiar por una herencia. Un hermano de la difunta quiso reclamar la casa donde vivían una adulta mayor, hija de la mujer fallecida con un nieto, que tiene una discapacidad.

Las autoridades del resguardo Cañamomo Lomaprieta aseguran que intentaron mediar entre las dos partes, citaron a reuniones de conciliación y el hombre no quiso asistir. Entonces, ante las mejores condiciones económicas y de salud del reclamante, decidieron dejarle la vivienda a la señora con su hijo en condición de discapacidad.

“Como las autoridades tradicionales no resolvieron a favor de ellos (el señor y sus hijos), se declararon afros. Pero estaban censados como indígenas”, asegura la abogada Luz Helena Hernández, del resguardo. El predio entonces despertó un conflicto que viene desde mediados del siglo pasado entre Cañamomo y la comunidad afro de Guamal por sus límites.

Luego, el hermano de la difunta puso una cerca en lo que consideraba su propiedad y los indígenas fueron a quitarla. Subió el tono de la pelea. Se escucharon insultos y el enfrentamiento terminó en que las autoridades del resguardo se llevaron al hombre y sus hijos para adentro de su territorio. Las esposas de estos se negaron a dejarlos solos y se fueron detrás.

Fue cuando aparecieron los titulares en medios sobre una supuesta retención ilegal. Se alcanzó a hablar incluso de secuestro.

El representante legal del consejo comunitario de Guamal, Fernando Piedrahíta, fue quien prendió las alarmas. “Hace tiempo que esa gente nos atropella, nos viola nuestros derechos”, reclamó el líder afro.

Para Hernández, “no fue un secuestro, sino una detención como una forma de sanción” a la luz de la jurisdicción especial indígena, por hechos ocurridos en su territorio. Cinco días para los hombres y 48 horas para las mujeres.

El comandante de la Policía en Caldas, coronel Lincoln Borja, confirmó que la institución atendió a los llamados pero “cualquier información relacionada con comunidades indígenas la comunicamos al Cridec (Consejo Regional Indígena de Caldas), atendiendo a lo establecido por la ley”.

La Personería, la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía también fueron contactadas en calidad de “acompañantes”. Así lo relató el coronel Borja.

Por su parte, el coordinador de derechos humanos de esta organización, Juan Loaiza, señaló que “no se puede desconocer que el pueblo afro está ahí (en Guamal), pero está dentro del territorio indígena”.

Indígenes de Riosucio

La comunidad afro de Guamal es reconocida también por el Estado.

Foto:

John Jairo Bonilla

Límites urgentes

En lo que coinciden ambas comunidades es en que es urgente que el Estado defina dónde empieza y dónde termina cada uno de sus territorios. El problema es que también difieren en los métodos y los argumentos.

Mientras el resguardo tiene a su favor una cédula real de 1540 y otros documentos coloniales, el consejo afrocolombiano se defiende con reconocimientos que le dieron las autoridades nacionales ya en la época republicana.

Y es que el problema por la tierra, como siempre, es también por lo que esta produce. Por eso, el hito reciente más trascendental para la resolución de este es un fallo de tutela por un caso de títulos para la extracción de oro que, por la delimitación dudosa, fueron otorgados sin que la Agencia Nacional Minera supiera que quedarían en territorios étnicos.

Con la sentencia T-530 de 2016, la Corte Constitucional le ordenó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “que priorice el proceso de delimitación y titulación de tierras (...) del resguardo Cañamomo y Lomaprieta”. Para eso, le dio a la entidad un año de plazo. La decisión es del 27 de septiembre, por lo que quedan dos meses para que se venza.

Es prorrogable por seis meses más con autorización de la sala novena de revisión de ese alto tribunal, pero a las comunidades les urgen las respuestas.

El secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Alberto Piedrahíta, estuvo reunido esta semana con funcionarios del Ministerio del Interior y la ANT para analizar esta y otras problemáticas similares en el departamento.

“La idea es efectuar una consulta para identificar quién es el titular del territorio y evitar más conflictos”, dijo. Pero la visita de la Agencia a Supía para consultar con los dos pueblos tampoco salió como se esperaba.

Los indígenas no quisieron recibir a los profesionales de la entidad. Según Herzaín Díaz, autoridad jurídica de Cañamomo, sintieron que les estaban “imponiendo una visita de un momento a otro sin avisar”. Además, quieren que la mediación sea hecha por expertos independientes, no de la ANT. Incluso tienen propuestas de hojas de vida.

Mientras se llega a un acuerdo, es mejor no poner cercas en ningún predio.

MANIZALES

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