La protesta de los taxistas, que comenzaron los bloqueos desde las 3:00 de la mañana de este miércoles, se relaciona con la próxima aplicación, a partir del primero de marzo, del 'Pico y placa' para el transporte público en toda el Área Metropolitana del Centro Occidente, conformada por Pereira, Dosquebradas y La Virginia.

En el despacho del alcalde de Pereira, Israel Londoño, se busca en estos momentos solución al bloqueo, mediante el diálogo con voceros de los manifestantes.

Los transportadores aseguran que no fueron consultados por las administraciones locales para tomar la medida de restricción del tráfico, aunque un sector del gremio se expresó de acuerdo con la determinación de extender el 'Pico y placa'.

PEREIRA

"Las 'recompensas comunitarias' buscan incentivar a quienes demuestran el sentido de pertenencia con sus barrios", dijo el intendente Everth Anacona Perafán, coordinador de la Policía Comunitaria.

Hasta el momento se han vinculado a la actividad los habitantes de los barrios Bosques de Gibraltar 1 y 2, y este martes el turno fue para La Nueva Libertad.

Marina Jurado, habitante de este barrio, dijo que "es muy bueno colaborar para ver el barrio organizado, me parece que la idea de la Policía es muy buena porque aunque uno no hace esas cosas por interés, muchos necesitamos y esta recompensa nos motiva".

El programa se realiza los miércoles, cada quince días, en diferentes sectores de la ciudad, de acuerdo con el interés que muestren los lideres barriales.

"Tenemos apoyo de Servigenerales, entidad encargada del aseo municipal, y también de la empresa privada que nos aporta los incentivos para estas comunidades", dijo Anacona.

"Colaboro recogiendo basura y desprendiendo hierba, esta iniciativa me parece una gran labor para el barrio, a mí me sirve mucho el pollo que me regalan por trabajar", expresó Darío Tejada, quien duerme solitario en un hogar de paso del sector y se alimenta en la caseta comunal, donde permanece y recibe ayuda de sus vecinos.

Quienes se han vinculado a la campaña se muestran muy agradecidos por el doble beneficio que reciben, pues además de convivir en un entorno limpio y seguro tienen algo más para 'echarle  a la olla'.

Yuliana Andrea Perdomo

ARMENIA

La Superintendencia Financiera otorgó un plazo de 60 días hábiles para entregar el listado de los reclamantes, que debía conocerse hoy.

Las reclamaciones que reciba la interventoría se cruza con la base de datos que va consolidando la Fiscalía. En el momento hay más de 2.000 cajas que desde todos los rincones del país están llegando con los documentos de depositantes para ser digitados en Pereira, proceso dispendioso que hizo necesaria la prórroga.

Al referirse a la entrega de Carlos Alfredo Suárez, el 'cerebro' de Drfe, dijo que podría ayudar a agilizar ese proceso entregando la base de datos de los reclamantes.

"El hecho de que se haya entregado y aceptado cargos es un avance grande tanto en la parte penal como administrativa", dijo.

Gómez-Jurado estima que Suárez podría devolver bienes y recursos por 900.000 millones de pesos.

"La verdad es que no hay plata que alcance a tapar ese hueco tan grande que hay. Creo que la gente debe comprender porqué Carlos Suárez está pidiendo perdón y porqué está asumiendo que él sí cometió la captación ilícita y el lavado de activos. Por más dinero que se entregue no va a alcanzar a cubrir el 100 por ciento de los acreedores. Lo que sí es que agranda más la cifra que se le entregará a cada uno de los afectados", expuso.

Para la interventoría la entrega de bienes aún cuando va a aumentar el monto de los recursos a devolver, no deja de ser un proceso engorroso. "Qué hago con dos helicópteros y un avión. ¿Venderlos? ¿A qué precio, a quién, cuánto puede demorar...qué hago con un parque temático en Putumayo?", se preguntó.

Dijo que se han encontrado reclamantes desde estrato uno hasta 'estrato 20' y depósitos de 1.000 millones de pesos. Enfatizó que se usará la media aritmética para las devoluciones, es decir, se suman todos los recursos y se reparten por igual a todos los que se certifique legalmente como depositantes.

Gómez-Jurado coincidió con la Fiscalía en que pueden ser más de 4 billones de pesos los depósitos que habría recibido Dfre.

"Los depósitos directos encontrados hasta ahora suman 800.000 millones, que es apenas un 20 por ciento", concluyó.

PEREIRA

Los hechos ocurrieron en una finca de la vereda Montelargo, en el suroccidente, a unos 10 minutos de la Ciudadela Cuba por carretera destapada. La propiedad, al parecer, permenecía desocupada.

El comandante de la Policía en Risaralda, coronel Hoover Penilla, informó que otro hombre que resultó herido al enfrentarse con la Policía, fue capturado junto a tres más que resultaron ilesos.

El oficial informó que la balacera ocurrió en la finca La 13 de ese paraje rural, y al parecer obedece a un ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes.

Fueron incautados cinco fusiles de diferentes marcas, entre ellos un Galil, un M-4 y un AK-47. También numerosa munición.

Además, en el lugar se encontraron seis vehículos, entre ellos una camioneta Burbuja blindada, de la cual no se ha entablecido el propietario.

PEREIRA

El conductor del camión, quien fue identificado como José Javier Castrillón Castañeda, de 43 años, fue detenido. De comprobarse su responsabilidad en el transporte de la droga tendría que responder por los delitos de tráfico, fabricación, transporte o tenencia de sustancias estupefacientes. 

La droga está avaluada en 120 millones de pesos.

MANIZALES

La ex funcionaria aumentó injustificadamente su patrimonio en cerca de 400 millones de pesos mientras estuvo en la subgerencia de la Chec y tenía la potestad para celebrar contratos.

Castaño incrementó su patrimonio en la suma mencionada entre los años 1996 y 2000, mientras se desempeñaba como empleada del Estado.

Castaño llegó al cargo cuando el senador Omar Yepes Alzate, jefe del Partido Conservador en Caldas, tenía influencia en la hidroeléctrica.

Inicialmente, Castaño fue condenada el 23 de marzo de 2004 a cuatro años de prisión y a devolver unos 470 millones de pesos, pero su abogado apeló la sentencia y el Tribunal Superior de Manizales le rebajó la pena a 42 meses de prisión y a 349 millones de pesos.