La mujer estaba embarazada pero perdió el bebe en el momento del ataque. El domingo murió ella.

El domingo, a las 7 de la noche, murió María Andrea Onogamá Arcila, embera chamí de 22 años, que el 21 de este mes, cuando pescaba con su esposo Orlando Guatiquí Nayasa, de 28 años, en la veredad Itaurí de Pueblo Rico (Risaralda), recibió un impacto de bala en el estómago, al parecer, por parte de soldados de la Octava Brigada del Ejército Nacional.

El disparo de fusil había provocado la muerte inmediata del bebé de ocho meses de gestación de la aborígen.

Según Luis Antonio Siagama, gobernador del resguardo Unificado de Pueblo Rico, los uniformados realizaron los disparos porque los indígenas tenían encendida una linterna.

"La familia Onogamá Guatiquí salió a pescar debido a la escasez de alimentos y por un antojo que tenía la embarazada prendieron una luz. Mientras Orlando manipulaba la atarraya, seis militares les dispararon", recordó el Gobernador.

El abogado Héctor Andrés Rivera, especialista en demandas contra el Estado, representa a los familiares de la víctima. Según él, "no hay duda de que en los hechos hubo exceso de la fuerza del Ejército, porque no había justificación para disparar".

Este es el primer caso que se presenta en el mencionado resguardo y se adelanta una investigación de tipo penal donde, según Rivera, buscan una reparación económica e integral. "Para la reparación integral primero la justicia debe decir si Estado es responsable, segundo, deben ser condenados los culpables y finalmente se debe de pedir perdón públicamente a la comunidad, pues la primera información que salió del Ejército era que se habían enfrentado contra un grupo guerrillero y eso tiene indignada a la comunidad", explicó el jurista, quien añadió que en caso de que falle la legislación nacional, acudirán a instancias internacionales.

Por su parte el comandante del Batallón San Mateo, coronel Hesnard Eduardo Ramírez Rojas, afirmó que la unidad militar "lamenta estas dos perdidas. Reconocemos que fue una acción militar desafortunada y queremos que sepan que mejoraremos los protocolos de las maniobras en las jurisdicciones. La decisión que tome el Estado la aceptaremos, solo queda esperar los resultados de la Justicia Penal Militar".

REDACCIÓN PEREIRA.