Foto: Archivo/EL TIEMPO
Las minas de Nemocón, además de ser una fuente de riqueza, son un lugar turístico por excelencia en la Sabana.
El objetivo es que estos municipios cuenten con una justa retribución por la explotación de sus minas, para que tengan una mayor inversión en salud, educación e infraestructura.
Así lo establece el proyecto de ley aprobado por el Senado que modifica la Ley de Regalías y que pasa a sanción presidencial.
Para la ex presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, "la compensación económica se genera por el transporte, el impacto ambiental, social y cultural que causa el proceso de explotación de recursos naturales no renovables en estos municipios", explicó Gutiérrez Castañeda.
La congresista dijo que en el caso de Zipaquirá, se incrementarán sus recursos durante los años 2008 y 2009, hasta en 1.354 millones de pesos, mucho más de los 240 millones que recibía con la formula anterior.
La historia detrás de esta noticia, empezó el 19 de febrero de 2005 en el municipio de Chía, cuando durante un consejo comunal, el presidente Álvaro Uribe, se comprometió a aplazar la licitación de la explotación y a promover un proyecto de ley que garantizara la participación de organizaciones comunitarias como socios de las concesiones, garantizando la apropiación de las utilidades del negocio para los municipios.
En 12 de noviembre de 2006 en el municipio de Zipaquirá, el Gobierno Nacional nuevamente prometió gestionar en el proceso licitatorio, que en los pliegos de condiciones el concesionario seleccionado pudiera conformar una sociedad con el municipio para la explotación, garantizando al municipio beneficios por la explotación.
Así, el Congreso frente a los reclamos y peticiones de la comunidad y consciente de la crisis social de estos municipios, inició un trabajo legislativo para buscar una solución real.
Fue así como la senadora Gutiérrez inició una gestión ante el Ministro de Minas y Energía, buscando una salida negociada, paralela al proceso licitatorio que se estaba llevando a cabo y que consistía en aumentar los recursos para los municipios en la propuesta financiera de la licitación.
Sin embargo el marco legal de las concesiones no permitió esta solución.
Posteriormente la congresista, con ayuda de otros senadores cundinamarqueses, radicó el proyecto de Ley 300 de 2008 para autorizar la creación de sociedades de economía mixta con los municipios y empresas privadas.
"Esta iniciativa no contó con el respaldo del Gobierno y su trámite no fue exitoso", dice Gutiérrez.
Finalmente, después de un largo proceso de concertación entre el gobierno, la comunidad y el Congreso se encontró como solución modificar el artículo 45 de la Ley de Regalías de 1994, con el aumento del porcentaje en la distribución de las compensaciones monetarias estipuladas en los contratos para la explotación de sal así para municipios o distritos productores , quedo en el 85 por ciento; para municipios o distritos portuarios, el 5 por ciento, mientras que para departamentos productores, quedó en el 10 por ciento.
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