Un operador hotelero, o la propia Alcaldía, podrían ser los depositarios definitivos de la administración del Acuaparque de Girardot.

Moor se entregó a las autoridades en el 2007 y se declaró culpable de lavado de activos el año pasado, ante una corte de Tampa (Estados Unidos).

El llamado 'Parque Ecológico Recreacional de las Aguas de Girardot' pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Sin embargo, el pasado fin de semana abrió sus puertas normalmente, bajo la tutela de la Alcaldía, propietaria del otro 30 por ciento.

De acuerdo con el director de Estupefacientes (e), Ómar Adolfo Figueroa, al 70 por ciento se le aplicará extinción de dominio.
"El próximo 17 de julio nos reuniremos con el Alcalde de Girardot para definir si el municipio continúa como depositario, o si nombra a otro, a través de una convocatoria pública. De ser así, la idea es que sea un operador hotelero", aseguró.

La idea, en cualquier caso, es hacer rentable el Acuaparque, uno de los sitios turísticos más importantes de Girardot, para que puede costearse el mantenimiento.

Mientras tanto, la Alcaldía deberá garantizar el normal funcionamiento del sitio.

De acuerdo con el alcalde de esa población, Rodolfo Serrano Monroy, la administración del lugar es una gran responsabilidad, pues viene funcionando a medias desde que fue incluido en la lista Clinton, en el 2007.

"El parque está quebrado. Le debe 600 millones de pesos a la Dian, le debe a la empresa de energía, debe teléfono y a sus empleados", señaló.

Cómo pasó a un dueño con líos 'El Acuaparque' tiene un historial de malas administraciones. Hace varios años pertenecía en su totalidad a Girardot, pero debido al deterioro de sus instalaciones, más de la mitad fue cedido a la sociedad Promociones e Inversiones las Palmas, representada por Jairo Moor Saab.

Mediante un contrato suscrito el 27 de diciembre del 2004 entre el entonces alcalde de la ciudad, Jairo Beltrán Galvis y Moor Saab, se estableció que la administración municipal tendría el 30,68 por ciento del parque, y la firma Promociones e Inversiones, el 69,32 por ciento.

En ese entonces, la Alcaldía actuaba a través de Instituto Municipal de Turismo y Cultura y Fomento de Girardot, que entregó en concesión el parque debido al mal estado de sus finanzas.

De acuerdo con un documento de esa entidad conocido por EL TIEMPO, en el que se describen los detalles de la transacción, el municipio no tendría una participación superior al 30 por ciento de la propiedad.

El capital inicial de esta sociedad fue de 7.414 millones de pesos, dos mil aportados por el Instituto y 5.139 por la firma representada por Moor.

"Este parque se encuentra cerrado al público -dice el documento del 2004- hace más de tres años, ya que su infraestructura se encuentra deteriorada y en completo abandono, sin servicio de acueducto y alcantarillado, generándose (sic) un detrimento patrimonial. Se hace necesario adecuarlo para fines comerciales y para ello se convoca a las organizaciones sociales y empresariales (...)".

Fue cuando el nuevo copropietario invirtió los 5.139 millones de pesos en muebles, sonido, computadores y equipos de oficinas, entre otras cosas.

Según el alcalde Serrano, esta inversión en equipos fue excesiva e injustificada. "Al parque no se le volvió a invertir nada", añadió.

Las otras incautaciones

El Acuaparque de Girardot fue solo uno de los 62 bienes valorados en 30 millones de dólares, que según las autoridades fueron incautados a las redes de Mor y Vasco en otros tres municipios de Cundinamarca, en Medellín (Antioquia), Carmen de Apicalá (Tolima) y Popayán (Cauca). La operación dejó 13 personas capturadas.

La Calera, Sopó y Subachoque fueron las otras poblaciones cundinamarquesas donde incautaron propiedades.

Solo en en Girardot, además del Acuaparque, fueron ocupados ocho bienes más, entre locales, casas y oficinas.

Aparte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría de Cundinamarca están tras la pista de las administraciones irregulares del sitio de recreo. La Contraloría emitió en octubre del año pasado un documento en el que reconocía el detrimento del patrimonio por parte del entonces alcalde Beltrán, que hizo el contrato con Moor.

"Evidentemente, no se cumplió a cabalidad la etapa precontractual, habida cuenta de que el análisis de conveniencia no es congruente con el contrato que resultó del proceso de licitación. Se evidenció la falta de planeación, proyección, evaluación (...), además del desorden en la tenencia de los documentos", reveló la entidad. De igual forma, la Procuraduría está investigando los estados financieros y las escrituras.