Uno de los afectados es Jacinto Avellaneda, habitante de la vereda el Chircal Bajo.

Según él, el alto número de requisitos que piden las autoridades para obtener el subsidio son imposibles de cumplir porque varios de esos documentos que exigen no los tienen.

"Nos piden registro civil cuando varias de las personas no los tienen o nunca se los han expedido, certificados de tradición y libertad, cédulas, registros civiles que no se pueden sacar porque no hay plata o las oficinas no están", dijo Avellaneda.

La mayoría de familias damnificadas por el sismo se quejaron del proceso y pidieron a las autoridades departamentales y nacionales ayudas para darle salida a la crisis habitacional, durante la Audiencia Pública Informativa de Prevención y Atención de Desastres, que tuvo lugar el pasado lunes en Quetame, la cual presidió el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero y el gobernador de Cundinamarca, Andrés González.

Durante la jornada, los habitantes evidenciaron a las autoridades que 60 días después del desastre aún no son resueltas varias de sus necesidades, como de las futuras viviendas, especialmente las que se ubicarán en la zona rural.

Ante la crisis, el Contralor Turbay Quintero afirmó que se requiere que el Gobierno Nacional adopte a través de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, mecanismos ágiles para que los ciudadanos accedan a este tipo soluciones habitacionales.

Ante los hechos el gobernador, Andrés González, manifestó que no se puede negar que en el proceso ha querido meter la mano la burocracia nacional, por esta razón, la reconstrucción de las viviendas se le dejó en el casco urbano a la fundación Compartir y en la zona rural a la Federación de Cafeteros con el fin de que no hubieran problemas.

"A pesar de los trámites engorrosos que deben hacer los afectados, ya se han gestionado 235 subsidios de vivienda, de 387 que hay para la zona rural", indicó el gobernador.

Por su parte, el alcalde de Quetame, Oromario Rojas Cuéllar, se comprometió con los pobladores a revisar los diseños que tendrán las nuevas casas con el fin de saber si van acordes a las necesidades de los habitantes afectados.

Las familias de la zona rural recibirán un subsidio por un valor de ocho millones quinientos mil pesos y las del casco urbano diez millones ciento setenta mil pesos. Además se propuso crear una planta para fabricar los bloques que se van a emplear en la construcción de la casas, proyecto que a la vez será generador de empleo en el municipio.

Vías intransitables

A la problemática habitacional se suma el hecho de que durante las últimas semanas aún varias carreteras de Quetame siguen averiadas por culpa del sismo y el fuerte invierno que terminó de afectarlas.

El alcalde Rojas, expuso que vías que conducen a los sectores de El Tablón, Naranjal, Chircal Bajo y Caprichito siguen dañadas, impidiendo la movilización de la comunidad. En cuanto a los daños que padece la vía que va al Llano se anunció que el Gobierno Nacional a través del Compes, determinó solicitar 23 mil millones de pesos para atender los problemas de estabilización que presenta la vía Bogotá - Villavicencio, entre el kilómetros 34 y 70.

De otra parte se reveló que a mediano plazo se destinarán 75 mil millones de pesos para la construcción de la vía alterna al Llano por el sector del Sisga. Finalmente, el Gobierno Nacional anunció que hay una propuesta definida para construir la doble calzada entre Bogotá-Puente Quetame - Guayabetal - Villavicencio, que costaría más de tres billones de pesos. Además, en cuatro meses ya estarían listos los estudios de la obra.

Colombianos en emergencia

El Contralor General de la República, dijo que para la Contraloría General de la República ha sido una inquietud permanente examinar las causas y los efectos de los continuos desastres que azotan en forma recurrente a diferentes zonas del país.

Por tal razón, la entidad elaboró un estudio sobre la gestión pública para prevenir, manejar y atender emergencias, cuyos resultados señalan que estas calamidades impactan de forma notable los presupuestos nacionales y locales, retrasan el desarrollo y agudizan la pobreza.

Advirtió Turbay Quintero, que lo más grave reside en que, según estimaciones del Departamento Nacional de Planeación, cerca del 35 por ciento de la población del país, alrededor de 15 millones de personas, está expuesta a un alto nivel de riesgo de amenazas naturales y un 47 por ciento, es decir, 20 millones, a un riesgo intermedio. Estas cifras evidencian que éste es un asunto de gran importancia social y económica.

En el nivel municipal la situación es crítica pues si bien se han conformado Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres en 900 de los 1.098 municipios del país, estos carecen de recursos, personal y capacidad técnica para realizar una adecuada gestión del riesgo.

Sólo 153 municipios que corresponden al 14 por ciento cuentan con Planes Locales de Emergencias formulados y con algún grado de implementación.