Foto: Jorge Quintero/ EL TIEMPO
Benjamín Hernández y su esposa Gloria Ávila viven en Cajicá con sus cuatro hijos. Hoy siguen siendo trabajadores de un cultivo de flores.
Hace cuatro años esa compañía les propusó trabajar tres meses sin sueldo y desde entonces esperan liquidación.
Cuando la aerolínea British Airways les propuso el pasado mes de junio a sus empleados que trabajaran un mes sin sueldo para salvar la empresa, un campesino de Cajicá, Benjamín Hernández, pensó de inmediato en lo que le ocurrió a él en el 2005.
Según dijo, "con un cuento parecido nos engañaron a los 200 empleados de la empresa Siete Flores CI S.A.
"Nos llamaron al cultivo en Cajicá y nos dijeron, tenemos que hacer un esfuerzo, tres meses, y luego les pagamos", recordó Benjamín, quien, cuatro años después, aún espera los tres meses de sueldo que trabajó, prácticamente, aguantando hambre.
El hombre de 59 años que hoy trabaja en el mismo cultivo, pero que es propiedad de otra empresa, recordó que con su esposa Gloria Ávila debieron fiar mercado en tiendas vecinas y pedir préstamos a familiares y amigos, para sobrevivir.
Los dos, empleados de planta y con más de cuatro años de antigüedad, tampoco recibieron pago, pues la empresa fue liquidada, tres meses después.
La historia, aunque parece asombrosa, es real y llegó a los estrados judiciales
Reclamaron con tutela
La primera tutela de reclamación fue instaurada el pasado 14 de marzo de 2005, luego de que la empresa cerró en Cajicá. Pidieron a los empleados que trabajaran en otro municipio.
El recurso jurídico fue instaurado por Celia Rojas, una mujer de 53 años, madre de cinco hijos, que trabajó por seis años y medio en 'Siete Flores'. Ella, actuando en nombre de más de 140 empleados, pidió al Juzgado 44 Civil Municipal de Bogotá que amparara el derecho al trabajo.
El Juzgado le negó el derecho por considerar que muchos de los que pedían tutelar el derecho al trabajo habían renunciado "voluntariamente". El fallo fue apelado y en segunda instancia salió a favor de los trabajadores. La providencia ordenó gestionar el pago de las liquidaciones a sus empleados en un término no mayor a 30 días. Y sentenció que de llegarse a liquidar la empresa, algo que para la época ya parecía inevitable, la prioridad era pagar a los empleados.
No obstante, esta tutela nunca se cumplió en rigor, pues la plata de la liquidación no alcanzó para todos.
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