El gran reto es enfrentar las redes que hay en Internet, pues son más difíciles de detectar.

Trabajadoras sexuales de Cartagena le declararon la guerra a la prostitución infantil en este turístico balneario del Caribe
y junto a la policía y ONGs buscan estrategias para evitar que los menores caigan en las redes de proxenetas.

Las prostitutas lideran un proyecto para que taxistas, vendedores ambulantes y meseros cooperen frente a mafias que ofrecen a unos 2.000 niños de los barrios marginales.

"Fui prostituta antes que mujer. Comencé a los 10 años y sufrí experiencias que no creerían. Sé que no puedo borrar el pasado, pero sí puedo evitar que otros niños pasen por lo que yo viví y por eso los invito a ayudar", dijo Damaris a un grupo de taxistas reunidos en un salón público de La Boquilla, un deprimido sector de la ciudad.

La mujer, que aún ejerce en un prostíbulo del centro de la ciudad, forma parte de la campaña 'La muralla soy yo' que busca involucrar a quienes viven del turismo en la lucha contra la explotación de niños y adolescentes.

"Desafortunadamente aquí al turista que llega con plata se le permite casi todo. Mi invitación es a ponerle límite. Que cuando pregunten por niños para (tener) sexo, no les pasen información. Piensen que son niños y que ellos, como sus hijos, valen más que cualquier propina", pidió.

Pero el negocio de la prostitución ha cambiado y con las nuevas tecnologías "ahora es menos frecuente ver el corrillo (grupo) de muchachitos esperando en una esquina la llegada del cliente", señaló Luis Céspedes, uno de los taxistas que participó en el taller.

"Antes los turistas preguntaban por niñas, pero ahora los contactos se hacen por Internet. El turista dice 'Lléveme a tal hotel' ahí tiene su cuento con el muchachito o la pelada (niña) le paga y ya. No entiendo cómo vamos a poder ayudar", cuestionó.

El comandante de Policía local, general Ricardo Restrepo, admitió que este negocio ilegal "se ha sofisticado" y que detrás del abuso sexual a menores en Cartagena se mueven poderosas mafias.

"El año pasado realizamos operativos con autoridades de Estados Unidos, con muy buenos resultados y ahora lo estamos haciendo con un organismo de España. Saben que tienen ciudadanos que vienen a Cartagena a fomentar ese delito y por eso han asumido la responsabilidad", indicó el oficial.

Mayerlin Vergara, de la ONG Renacer, destacó que "hace diez años, las menores víctimas de explotación sexual las encontrábamos en los clubes nocturnos o en las calles. Hoy ejercen en las comunidades, en las instituciones educativas... ya no tienen necesidad de salir al centro".

A su turno, el abogado Freddys del Toro, de la ONG suiza Tierra de Hombres, que defiende a las víctimas de explotación sexual infantil, destaca que ésta se promueve "a través de las supuestas agencias de viaje que operan por Internet y donde prácticamente no hay intermediarios locales, creando dificultad para combatirlos".
En la Fiscalía de Cartagena cursan 400 denuncias por abuso sexual infantil y se han dictado 19 condenas a pederastas. "Acabamos de tener una sentencia histórica para
Colombia, pues es la primera vez que se condena a un extranjero, la del italiano Paolo Pravisani, de 72 años, por la muerte del niño Yesid Torres de quien abusó sexualmente", destacó el abogado.

En 2010, las autoridades colombianas capturaron al británico Paul Anthony Brailsford, que vivía en Cartagena desde 2001, y le encontraron fotos de niñas desnudas. Mientras, en marzo pasado, el productor español de cine Pablo Lapiedra fue arrestado acusado de filmar películas pornográficas con menores.

La legislación colombiana prevé penas de hasta ocho años de prisión para quien dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de niños y dispone que las propiedades utilizadas para ese fin puede ser expropiadas.

Cifras del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estiman que unos 35.000 menores de edad son obligados a prostituirse en el país. En Cartagena, serían cerca de 2.000.

AFP