La advertencia la hizo el presidente de la Federación Departamental Comunal, Víctor Galván Muñoz, luego del asesinato, el martes pasado, de Julio Antonio Martínez Polo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Loro.

La semana pasada también fue asesinado Antonio Jaramillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Puerto Frasquillo, y en julio de este año cayó baleado Azael Hernández Bedoya, líder comunal de la vereda Murmullo, ambos en zona rural de Tierralta.

Las víctimas eran las encargadas de organizar a los campesinos que trabajan en los proyectos agrícolas que implementó el Gobierno nacional para sustituir los cultivos ilícitos.

"Cuando ven a un líder comunal hablando con un funcionario del Gobierno, de inmediato lo acusan de sapo, y eso le puede costar la vida", aseguró Galván.

Pidió del Gobierno mayor seguridad para el movimiento comunal, especialmente en las zonas de conflicto como el alto Sinú donde, según él, se ha vuelto inseguro desarrollar la labor comunitaria.

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Óscar Atehortúa Duque, dijo que están investigando el tema.

Agregó que son varias las hipótesis que se manejan en torno a los homicidios, pero se abstuvo de revelarlas para no entorpecer las investigaciones.

En Tierralta, la situación era tensa ayer. Líderes de veredas y barrios de la localidad prefirieron guardar silencio por temor a posibles retaliaciones.

Niria Brito, secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Nacional de Acción Comunal, dijo que entre el 2002 y este año han asesinado en el país a 300 líderes.

MONTERÍA