Pude darse si el gobierno nacional acepta la solicitud.

Si el gobierno nacional acepta la solicitud, el alcalde de Montelíbano, Córdoba, Gabriel Calle, tendría voz y voto en la negociación para la prórroga de concesión de la explotación de ferroníquel en ese municipio, otorgada desde el año 1982 a la empresa Cerro Matoso.

La compañía, cuyo canon de arrendamiento de la mina se le vence en septiembre próximo, pidió una prórroga del contrato por 30 años más.

Hasta ahora la negociación la hacía la multinacional BHP Billiton, propietaria de Cerro Matoso y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas, dejando por fuera de los acuerdos a los representantes de las comunidades de la zona de influencia de los yacimientos.

Sin embargo, tras objetar algunos compromisos de la multinacional, el alcalde Calle, pidió autorización al gobierno para sentarse en la mesa de negociación.

En carta dirigida al ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, Calle reconoció la potestad del gobierno nacional para la conducción de las políticas minero -energéticas, pero reclamó la democracia participativa.

"El papel del Municipio (Montelíbano) en los treinta años de explotación se ha limitado a recibir regalías y mantener relaciones con la Fundación San Isidro, propiedad de la empresa Cerro Matoso", dijo el alcalde Calle en la misiva.

Y asegura que "de los recursos transferidos por concepto de regalía, al municipio solo le quedan cifras, pues el desarrollo de Montelíbano no ha sido proporcional al monto de los recursos transferidos por este concepto".

Y reconoce en la corrupción y la inseguridad dos factores que han incidido en la marginalidad de los asuntos mineros y ambientales.

Montelíbano tiene suspendido el giro de las regalías desde el año 2008, debido a los malos manejos de los alcaldes que han desviado su destino establecido para saneamiento básico, salud y educación. En las cuentas del gobierno nacional están represados cerca de 115 mil millones de pesos.

El viceministro de Minas, Henry Medina González, respondió a la solicitud del Alcalde de Montelíbano, con la propuesta de organizar un encuentro con la Agencia Nacional de Minería, la Dirección del Servicio Geológico Colombiano y su despacho para definir el futuro de la propuesta.

Por ello, Gabriel Calle alista un paquete de propuestas que espera sean incluidas en la agenda de negociación con la multinacional.

Proponemos que se den a conocer públicamente los términos de la negociación, para  no  repetir la historia de Montelíbano, donde los contratos de concesión no estuvieron al alcance de las autoridades municipales y de los ciudadanos como documentos públicos que son, y se informe oportunamente sobre las modificaciones que se hagan a los mismos que puedan afectar los intereses", dijo.

Gobernación busca un cupo

El gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, se mostró de acuerdo con la propuesta del alcalde Gabriel Calle, y dijo que la Gobernación también solicitó un espacio de participación en la mesa de negociación.

"Lo importante es que en medio de la discusión para la negociación, se logren acuerdos que permitan mejorar la calidad de vida de los cordobeses en general, porque la mina de Cerro Matoso está ubicada en tierras cordobesas y es la gente de la región la que debe tener oportunidades", dijo Lyons.

La mina de Cerro Matoso es la principal fuente de producción minera en Colombia. Su producción de ferroníquel aporta el 4 por ciento de la oferta mundial y está representada en 55 mil toneladas por año.

Solamente entre 2004 y 2011, la compañía transfirió 1.1 billones de pesos por concepto de regalías. Los beneficiados con esos recursos el gobierno nacional, la gobernación de Córdoba, las alcaldías de Montelíbano, Puerto Libertador, la Apartada, Ayapel, Buenavista y Planeta Rica, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).

Pero existen objeciones de las comunidades del área de influencia por la distribución de los porcentajes y la supuesta omisión de dineros en las transferencias.

El año pasado la Contraloría General de la República hizo un control de advertencia a Ingeominas, que obligó a Cerro Matoso a pagar 35 mil millones de pesos, producto de la mala liquidación de los giros por regalías.