Diego Molano Aponte suspendió la aplicación de una nueva prueba de conocimientos.

En cumplimiento de un fallo de tutela del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, el director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Diego Molano Aponte, suspendió la aplicación de una nueva prueba de conocimientos dentro del proceso de meritocracia para proveer el cargo de director regional de esa institución en el Magdalena, prevista para el viernes pasado.

El Juzgado le ordenó a Molano continuar con el cronograma del  proceso de selección de la lista de elegibles para conformar la terna que permita nombrar el nuevo gerente en propiedad del Icbf en el Magdalena.

Las razones para repetir la prueba de conocimientos, según Molano, fueron las deficientes condiciones locativas en que los aspirantes la habían presentado el pasado 25 de mayo en las instalaciones del Hotel y Centro de Convenciones Casa Grande en Santa Marta, la revisión técnica realizada a los resultados de la misma y las posteriores reclamaciones de algunos de los participantes.

"Esto hace concluir que la realización de la prueba no garantizó una evaluación pertinente", dijo.

No obstante, el accionante de la tutela, Raúl Perdomo Salinas, quien participó en el proceso de meritocracia, consideró que con esta decisión estaban vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, trabajo e igualdad.

Perdomo fue uno de los cuatro aspirantes que obtuvieron los mayores puntajes en la primera prueba de conocimientos y quienes habían sido citados el pasado 8 de junio en la sede del Icbf para realizar la prueba de habilidades gerenciales, pero ese día para su sorpresa les dijeron que el concurso había sido suspendido y que serían convocados nuevamente para repetir la prueba de conocimiento.

Para él, las razones expuestas por el director general del Icbf no eran válidas porque el sitio donde se realizó la prueba en mención fue seleccionado, revisado y validado por funcionarios del instituto y del Departamento Administrativo de la Función Pública  (DAFP) venidos desde Bogotá.

Lo que se ha comentado es que detrás de la decisión de suspender el concurso estaría metida la mano del representante a la Cámara, Eduardo Díaz Granados Abadía, cuyas fichas no alcanzaron los puntajes necesarios para pasar la prueba de conocimientos.

REDACCIÓN SANTA MARTA