El anuncio lo hizo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en Santa Marta.

En dos semanas serán presentadas ante los jueces agrarios las 79 reclamaciones de las víctimas que fueron despojadas de 2.545 hectáreas de tierras en Chibolo, uno de los municipios más golpeados por la violencia paramilitar en el Magdalena, para que inicien los procesos judiciales.

Así se reveló, este viernes, durante la inauguración de la oficina de la Unidad de Restitución de Tierras en Santa Marta, con la que ya se completan 17 en todo el país.

"Esperamos estar acompañando a esas víctimas de Chibolo ante los jueces en 15 días y que para el segundo semestre de este año empiecen a salir los pagos restitutorios, lo cual no tiene antecedentes en la historia de Colombia", dijo Restrepo.

En el Magdalena, según datos de la Unidad de Restitución de Tierras, se han recibido 297 solicitudes de restauración del derecho a la propiedad, que corresponden a 13.245 hectáreas, y con la apertura de la oficina en el Centro Histórico de Santa Marta se estima que esta cifra aumente.

El jefe de la cartera de Agricultura dijo que las reclamaciones que se reciban van a ser cuidadosamente analizadas por funcionarios técnicos, abogados y topógrafos, quienes después de oír el relato de las víctimas sobre el despojo de sus tierras harán visitas de campo para confirmar la información.

"No necesariamente todas las reclamaciones se van a traducir en restituciones (...) solo las bien fundamentadas irán ante los jueces agrarios para que estos digan la última palabra", dijo Restrepo y advirtió que los avivatos que se quieran hacer pasar por víctimas podrían pagar penas de hasta 12 años de prisión.

Igualmente, aseguró que para garantizar que las tierras que siguen en poder de testaferros sean devueltas a las víctimas, el proceso de restitución se hará con la ley por un lado y el acompañamiento de la Fuerza Pública por otro.

"Si una víctima demuestra que tal predio le fue quitado por la fuerza y eso se documenta, habrá un juez de la República que le restablezca la propiedad jurídica mediante sentencia de sus tierras, pero si está aún invadida o apoderada por alguien serán los alcaldes con el acompañamiento del Ejército y la Policía, quienes tienen el deber de hacer cumplir esta sentencia", explicó Restrepo.

Con carteles y arengas, un grupo de tagangueros se apostó ayer cerca del lugar donde sería inaugurada la oficina de Restitución de Tierras para protestar por el desalojo de sus tierras, según ellos, para construir un puerto.

"Quieren desplazar a toda una comunidad, unas mil personas, sin ni siquiera consultar ni socializar los proyectos que viene ejecutando a puerta cerrada con el puerto de Santa Marta", dijo uno de los manifestantes.

Al respecto, el alcalde Carlos Caicedo dijo que en los cerros de Taganga fue creado un Parque Distrital llamado Dumbira, que de acuerdo con un fallo del Consejo de Estado, debe ser recuperado por el Distrito y prohíbe que se autoricen nuevas construcciones.

"Tiene que  demolerse todo lo que está encima de la cota 40, pero para eso el Distrito debe hacer reubicación y concertar con la gente, esas no son medidas que se puedan aplicar de manera arbitraria a la comunidad", dijo Caicedo.

Paola Benjumea Brito
Corresponsal EL TIEMPO
Santa Marta