Se trata del mismo grupo que el miércoles mantuvo una parálisis del comercio y del transporte en el Urabá antioqueño, donde las intimidaciones comenzaron la semana pasada y desde el miércoles se extendieron al sur de Córdoba, que desde hace varios años ha sido disputado por paramilitares, narcotraficantes y guerrillas.

Leopoldo Vitola Sandoval, dueño de un restaurante en el centro de Tierralta, dijo que desde el miércoles por la tarde cerró su negocio, luego de encontrar en una de las mesas un panfleto firmado por el 'bloque Sinú' de las llamadas AGC, que le exigía no atender al público y no reabrirlo "hasta nueva orden".

Igual situación vivió Águeda Buitrago, propietaria de una miscelánea en esa misma población. Minutos después de leerlo recibió una llamada de un desconocido, quien le dio plazo de una hora para cerrar o, de lo contrario, "hombres armados procederían en su contra".

"Este pueblo siempre ha sido 'caliente con el plomo' (bala); por eso es mejor hacer lo que nos dicen porque de lo contrario nos va peor", dijo la mujer, quien ayer no fue a trabajar.

El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Óscar Atehortúa Duque, desestimó la existencia del nuevo grupo paramilitar, y aseguró que se trata de una estrategia del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario'.

El oficial aseguró que la idea de Rendón es 'sacudirse' de las acusaciones que a diario crecen en su contra por narcotráfico y conformación de bandas delincuenciales.

Además, sostuvo Atehortúa, la estructura armada del capo pretende mostrarse como una organización poderosa para desvirtuar los recientes golpes propinados por las autoridades, como las capturas de varios de sus hombres, decomiso de armas, vehículos y la incautación de varios miles de kilos de coca.

No descartó que alias 'Don Mario' pretenda llamar la atención del Gobierno para acogerse a un proceso de negociación con los argumentos de una organización de autodefensas.

Atehortúa llamó a la reflexión a los comerciantes de Tierralta y Puerto Libertador para que reabran las puertas de sus negocios.

Dijo que envió un refuerzo de 700 hombres para esos municipios, quienes realizan desde ayer labores de vigilancia en las calles.
También fueron instalados retenes en las entradas principales de los municipios para evitar la llegada de sospechosos. El Ejército, por su parte, mantiene al Batallón Junín en los alrededores de las localidades.

Piden tranquilidad

Los alcaldes de Tierralta, Aníbal Ortiz, y de Puerto Libertador, Mario Carrascal, pidieron tranquilidad a los comerciantes y al resto de pobladores.

Dijeron que los refuerzos policiales garantizan la normalidad en las labores diarias de sus comunidades. "Ningún comerciante ni ciudadano de Tierralta está dispuesto a ser solidario con estas bandas criminales", aseguró Ortiz.

El gobernador de Sucre, Jorge Barraza, también se enteró ayer en Montería de la aparición de esos panfletos en el municipio de Guaranda.

Vuelve la calma a Urabá

La producción de banano y la actividad comercial en Urabá recobraron ayer su normalidad, tras la parálisis por las intimidaciones de un supuesto grupo de 'paras' que había declarado un paro armado en esta región. En un consejo de seguridad en Medellín se decidió mantener vigilancia especial en la zona. Dos desmovilizados del 'bloque Bananero' fueron capturados. Uno de ellos tenía panfletos de las Autodefensas Gaitanistas.

Disculpas a policías

El presidente Uribe les dijo ayer a los indígenas del Cauca que deben pedirles perdón a los policías y soldados heridos en las refriegas por el bloqueo en las vías del Cauca y Valle. Los indígenas, a su vez, entregaron a una comisión de Derechos Humanos un soldado que, según ellos, se había "infiltrado" en las protestas. Uribe recordó el drama del intendente Aldiber Giraldo quien perdió sus manos en los choques en esa zona del país.

Amenazan con marcha

Unos 1.300 labriegos y mineros marcharon al mediodía de ayer por las principales calles de Santa Rosa del Sur para exigirle al Gobierno que envíe una comisión que se comprometa con un paquete de obras de infraestructura en esa región del sur de Bolívar.

Si el Gobierno no envía dicha comisión, los manifestantes amenazan con organizar una marcha que llegue a Bucaramanga.