La juez séptima laboral de Cartagena, Carmen Hernández embargó las cuentas de la Gobernación de Bolívar, cuyo titular en Joaco Berrio Villarreal.

La tutela la presentó Berrío Villarreal en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena.

El fin de la acción es la defensa del derecho al debido proceso que, a juicio del equipo jurídico de la Administración Departamental, fue vulnerado en el expediente número 2001-167, promovido por el señor Julio Santamaría, en representación de la Asociación de Pensionados de Bolívar.

En este proceso, la Juez Séptimo decretó un embargo sobre el impuesto departamental a la cerveza por el valor de $1.500 millones mensuales, cuyo cobro a la fecha ha acumulado un total que supera los $80 mil millones.

La tutela se motiva en una presunta ilegalidad por vía de hecho en las providencias proferidas por la Juez.

El documento señala, en primer lugar, que el despacho judicial vulneró el debido proceso al actuar contra sentencia ejecutoriada del Tribunal Superior, al proseguir una actuación finalizada.

En efecto, afirma que mediante providencia de 2003 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial revocó el mandamiento de pago, y con ello, terminó el proceso. A pesar de lo anterior, el Juzgado prosiguió con la actuación que aún permanece surtiendo efectos hasta la fecha, por lo cual han resultado afectadas las arcas del departamento en un monto superior a los $89.000 millones.

Continúa diciendo que, en segundo lugar, la Juez vulneró el debido proceso al aprobar un presunto acto de transacción que adolecía de varias irregularidades, pues en ellas el trámite no era procedente, quienes la suscribieron no estaban facultados para ello, no se cumplieron los requisitos legales, en especial, los consagrados en la ley 446 de 1998, y se pactó la destinación de un impuesto.

El documento también dice que para este último acto no está facultado ni siquiera mismo el Gobernador, toda vez que para comprometer los recursos futuros de rentas requería de facultades especiales otorgadas por la Asamblea Departamental. Por estas razones, expresa el documento, la aprobación de esta transacción por parte de la juez constituye una ilegalidad.

La Gobernación finaliza su escrito afirmando que la juez vulneró el debido proceso al rechazar de plano los escritos de los abogados del Departamento que solicitaban su recusación.

En concreto, los representantes del departamento solicitaron a la juez apartarse del conocimiento de proceso, pues en su contra se adelantan varios procedimientos penales presentados por el departamento, en los que ya fue llamada a juicio. La juez no cumplió con el trámite correspondiente -enviar estos escritos al Tribunal Superior-,  sino que rechazó los escritos y amenazó a los abogados con sanciones ante el consejo superior de la judicatura.

En concepto de la Gobernación, estas actuaciones de la juez deben ser revocadas por constituir actos arbitrarios que se apartan del ordenamiento jurídico.