Contraloría señala faltas en ejecución del Plan Jarillón de Cali

Contraloría señala faltas en ejecución del Plan Jarillón de Cali

Ante estas afirmaciones gerente del proyecto dice que se ha cumplido.

Jarillón del Río Cauca

Informe de la Contraloría da cuenta de que sectores del jarillón que habían sido despejados, han sido reinvadidos en zonas como Playa Baja, Polo, Nueva Ilusión y Belisario.

Foto:

Juan Pablo Rueda / Archivo / El Tiempo

02 de agosto 2017 , 09:23 a.m.

Compensaciones pagadas sin que existieran estudios y a personas que no se encontraban en las bases de datos del Plan Jarillón, además de una baja ejecución del presupuesto aprobado, son solo algunos de los 28 hallazgos administrativos detectados por la Contraloría Municipal, de ellos, 18 tienen incidencia disciplinaria; uno, incidencia fiscal, y uno más incidencia penal.

Para Ricardo Rivera Ardila, Contralor de Cali, las compensaciones que se han entregado, si bien son consideradas legales por la Contraloría, “la observación que se deja es que se tenía que ir un poco más allá del principio de buena fe. Se hicieron algunos pagos por cerca de $2.161 millones que no están suficientemente estudiados y soportados”, aseguró Rivera.

De acuerdo con el Contralor, hubo pagos incluso a personas que no hacían parte de la base de datos y señaló que dicho registro es vulnerable.

Las bases de datos que se tienen no son suficientemente seguras y lo que se pide es que la información sea debidamente resguardada

Rivera señaló además que la incidencia penal se refiere al pago de compensaciones que ascienden a $929 millones para la que se suplantó a un contador público, usando sus credenciales para certificar la información financiera para dicho desembolso.

“Aquí se compulsarán copias a la Fiscalía, allí la responsabilidad penal es para los que hicieron la suplantación y no para los funcionarios”, dijo Rivera.

Al respecto, Juan Diego Saa, gerente del Plan Jarillón, señaló que se trabaja en un plan de mejoramiento que será entregado el próximo 7 de agosto a la Contraloría
y que contemplará las respuestas a los diferentes hallazgos del ente de control.

“Nosotros hemos cumplido con lo que está establecido en el decreto para realizar las compensaciones con transparencia y se ha trabajado con la mayor pulcritud”, dijo y señaló que “el proyecto tiene todos los estudios financieros y jurídicos de cada unidad productiva que se compensó”.

Protesta por el Jarillón de Cali

Varias veces se han manifestado las personas que habitan en el Jarillón

Foto:

Juan Pablo Rueda / Archivo / El Tiempo

Para Jackeline Ariza, líder del desalojado sector Venecia Las Vegas en el jarillón de Petecuy, la auditoría de la Contraloría habría revelado la improvisación con la que, a su criterio, se ha manejado el proceso de reubicación en el Plan Jarillón.

“Finalmente los que estamos pagando ese mal manejo somos las familias que fuimos desajoladas. En este momento somos 81 familias a las que nos desalojaron hace más de un año sin darnos nada”, aseguró Ariza.

Para la líder social, es importante que el informe de la Contraloría pueda ser usado para que los entes de control certifiquen lo ocurrido y se pronuncien sobre las vulneraciones a los derechos humanos.

Por su parte, Mauricio Segura, líder del barrio Puerto Nuevo, pidió a la Contraloría que audite el proceso en el que la comunidad de este barrio se encuentra en este momento, con 244 predios en proceso de compra por parte del Municipio, para continuar las obras de reforzamiento del jarillón en ese sector, contiguo al puente de Juanchito.

“Acá nos quieren tumbar con los precios de las casas. Se supone que nos van a mejorar las condiciones, pero no va a ser así. Necesitamos que la Contraloría analice este proceso de la negociación de Puerto Nuevo, a ver que encuentra, porque también debe haber algo raro”, indicó.

La Contraloría también encontró que las diferentes secretarías municipales con participación en el Plan Jarillón suscribieron en la vigencia 2016, 185 contratos por un valor total de $2.513 millones.

“Lo que no se deja ver es un impacto de esos contratos y que se les haya hecho control y seguimiento por parte del responsable del proyecto, para garantizar que se estén atendiendo los requerimientos y las necesidades de la población afectada”, señaló el contralor Ricardo Rivera.

En la Auditoría se encontró además que existen personas censadas desde 2013, y que cumplen los requisitos establecidos en el Decreto de compensación, que aún no han recibido vivienda de interés prioritario “poniendo en riesgo su integridad al encontrarse en zona de alto riesgo no mitigable”.

También señala que la Administración no ha dado cumplimiento a las sentencias proferidas en 2011 y 2012 que ordenaban suspender el arrojo de escombros en la Urbanización Decepaz y Vuelta de las Córdobas, además de reforzar el dique en tramos críticos, así como la reubicación total de los asentamientos del jarillón del río Cauca.


CALI 

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