La historia del 'cazademandas' que debe someterse a examen siquiátrico

La historia del 'cazademandas' que debe someterse a examen siquiátrico

Javier Arias ha realizado más de 2.200 procesos judiciales. Magistrado ordenó su evaluación médica.

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Javier Arias, conocido como el 'cazademandas'.

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Cortesía: La Patria

08 de enero 2017 , 12:12 a.m.

Al escuchar el nombre de Javier Elías Arias Idárraga se fruncen los rostros de funcionarios en cerca de 300 municipios de nueve departamentos. Arias es conocido como el ‘cazademandas’, pues el Consejo de la Judicatura da cuenta de 2.200 procesos judiciales interpuestos por el indígena embera, nacido en Pereira, contra despachos públicos.

Solo en el Valle hay tutelas y acciones populares en 18 de los 42 municipios. En las reclamaciones aparece la exigencia de baños públicos y obras que faciliten el acceso a edificios municipales y bancos a personas en situación de discapacidad.

Arias, que no es abogado, también ha interpuesto recursos argumentando la falta de protección a los derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de emergencias como temblores, y exigiendo estudios de sismorresistencia.

Ante esta situación, Gustavo Gómez, como magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, envió un oficio a mediados del 2016 a la Defensoría del Pueblo de Caldas para que tramitara una evaluación siquiátrica, a fin de que el Instituto de Medicina Legal del Eje Cafetero la lleve a cabo.

El documento anota que “en el evento de establecerse que goza de plena capacidad y aptas facultades mentales, la Defensoría del Pueblo de Caldas deberá hacer comparecer al accionante para que a través de una inducción didáctica y práctica le explique sobre la institución de la acción de tutela, su procedencia, su forma de presentación, finalidad y las consecuencias del abuso de esta”.

La defensora del Pueblo de Caldas, Yazmín Gómez, dijo que la entidad solo lo localiza a través de correo electrónico. Según la funcionaria, Arias –residente en Caldas– habría manifestado su disposición a practicarse el examen.

Demandados piensan que más allá de una vocación altruista por el bienestar ciudadano, lo que motivaba a Arias era el incentivo económico que anteriormente tenían las acciones populares. Ese incentivo estuvo vigente por la Ley 472 de 1998, pero fue desmontado en el 2010. Oscilaba entre los 10 y los 150 salarios mínimos mensuales, con cifras que en ese entonces iban desde 4’970.000 pesos hasta 74’550.000. Según versiones de sus amigos, él habría ganado más de 500 demandas.

A través de correo electrónico, Arias respondió que la razón de las demandas se debe a un ejercicio del derecho de la persona. A la pregunta del porqué de las demandas contra la Defensoría del Pueblo de Caldas, el pereirano contestó: (porque) “la Defensoría no ha impetrado acciones populares que he solicitado”. Además, dijo que ha recibido amenazas y responsabilizó de lo que le llegase a pasar a la Policía de Caldas.

Según asegura, si le dan la orden de practicarse la prueba, la acataría porque respeta la ley y continuaría con sus demandas. Y se declara un seguidor empírico del derecho: “Leo mucho para saber”.

En el Juzgado Tercero Administrativo de Manizales, de unas 400 acciones populares, la mitad corresponden a las interpuestas por Arias desde hace seis años. Precisamente por eso, en el 2015, la juez tercera administrativa, Liliana del Rocío Ojeda, lo denunció.

Primero lo hizo el 16 de noviembre del 2011 ante la Fiscalía porque el pereirano la había acusado de prevaricato, enviando “entre 200 y 300 memoriales diarios al juzgado”. Luego, la juez interpuso denuncia por calumnia contra Arias, proceso en el cual el Juzgado Primero Penal Municipal falló en contra del pereirano. Tras una apelación de él, el caso pasó al Tribunal Superior de Manizales, que el año pasado ratificó la decisión de sentenciar a Arias a 16 meses de prisión y al pago de una multa de 8’594.000 pesos.

La juez dijo en la investigación que Arias se habría enojado y la habría maltratado verbalmente por no haber recibido el incentivo económico que antes obtenían los ciudadanos por acciones populares.

CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
CALI

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