El Tribunal Superior de Cali revocó la medida que el jueves pasado dictó un juzgado administrativo.

De acuerdo con la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Valle, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali ordenó la libertad para el Gobernador Ubeimar Delgado, quien por el desacato a un derecho de petición y una tutela, cuando aún no se desempeñaba en el cargo, había sido sancionado con tres días de arresto.

Considera el Tribunal que el procedimiento no correspondió dado que el departamento había respondido con lo solicitado por el tutelante. 

El mandatario se encontraba en la Escuela de Carabineros de la Policía cumpliendo su segundo noche de arresto, cuando llegó la noticia.

La medida del Juzgado 25 Administrativo de Cali se relaciona con la solicitud de un auxiliar administrativo de la Secretaría de Educación, con funciones de celador, quien lleva ocho meses de espera por un anticipo de cesantías.

En enero pasado Luis Alberto Victoria Holguín, funcionario desde hace 28 años, pidió el anticipo para realizar una reforma en su casa.

Pero desde que Cali fue certificada por el Ministerio de Educación, estos anticipos corresponde de manera compartida a las secretarías de Educación municipal y departamental, recordó el titular de esa dependencia, Nelson Vargas.

"Al municipio le correspondieron 18 millones y al departamento 28, pero de este último no tuvo respuesta, por lo que el 27 de enero pasado acudió a un derecho de petición para la liquidación, que tampoco fue contestado. En marzo acudió a una tutela, que igualmente quedó sin responder y se convirtió en desacato", explicó Vargas.

El gobernador Delgado, a quien la medida le impidió el jueves socializar el Plan de Desarrollo ante 13 alcaldes del centro del Valle, reunirse con los 21 diputados y asistir al lanzamiento de los Juegos Nacionales, entre otros compromisos, dijo que la avalancha de acciones como esta, son producto de la desatención, la negligencia y la corrupción.

"Encontramos 4.046 acciones jurídicas entre derechos de petición, tutelas e incidentes de desacato con sus correspondientes sanciones y multas en curso", dijo el Gobernador, quien precisó que se implementó un sistema de recepción de información jurídica y se adelanta una reforma administrativa que incorporará oficinas jurídicas en las secretarías de Salud, Educación, Desarrollo Institucional, Infraestructura, Hacienda, Planeación y Medio Ambiente.

El Secretario de Educación señaló que en esta dependencia encontraron más de 1.500 derechos de petición acumulados, 3.000 tutelas sin resolver y 150 incidentes de desacato.

"Hemos respondido unos 2.000 casos, pero es tal la desarticulación que ni siquiera hay un orden de recepción de las acciones jurídicas", dijo Vargas y advirtió que hay casos que todavía se deben buscar cajón por cajón, en juzgados y tribunales.

Ante la detención del Gobernador asumió como encargado el secretario de Gobierno, Jorge Homero Giraldo.

La Secretaría Jurídica había acudido a una tutela para revocar el arresto, pues ya se le dio la respuesta al accionante.

Al mismo tiempo se anunció acciones disciplinarias para establecer la responsabilidad de los funcionarios que tuvieron que ver con los hechos que originaron la tutela.

Y aunque la Gobernación reconoció el pago para el funcionario, este no se podrá hacer efectivo hasta que defina el plan de pagos a los acreedores del departamento como lo señala la Ley 550.

REDACCIÓN CALI.