En acto público, Ejército pidió perdón por la masacre de Jamundí

En acto público, Ejército pidió perdón por la masacre de Jamundí

La ceremonia fue ofrecida a los allegados de 10 policías y un civil muertos en 2006.

Ejército pidió perdón a familiares de policías y civil muertos en Jamundí

Ejército pidió perdón a familiares de policías y civil muertos en Jamundí.

Foto:

Mario Baos / ELTIEMPO

10 de julio 2017 , 04:53 p.m.

En zona rural, un grupo de la Dijín, con un informante, se encontró trágicamente con una patrulla del Ejército en la zona rural de Jamundí, sur del Valle del Cauca, hace 11 años.

El comandante de la Tercera Brigada del Ejército, tomó la palabra en el acto en el Batallón Pichincha, sur de Cali, donde se realizó el acto público de petición de perdón por los hechos de mayo de 2006.

Un fallo del Tribunal Superior de Cali determinó que se rindieran excusas públicas a los familiares de 10 policías y un civil, aparte de la condena a la Nación, a través del Ejército, por lo sucedido.

"Rechazamos ayer, hoy y siempre, todo acto que lastime nuestra esperanza, que afecte nuestro futuro y que restrinja nuestras libertades. Nos mantenemos firmes en nuestra fe con la confianza puesta en Dios y la esperanza en la construcción de un futuro mejor", dijo el oficial.

Sitio de la masacre en el corregimiento de Potrerito en Jamundí

Sitio de la masacre en el corregimiento de Potrerito en Jamundí, sur del Valle.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Al anochecer del 22 de mayo de 2006, la patrulla de la Dijín se encaminó a la zona rural de Jamundí. De acuerdo con informes de Policía, la idea era cumplir un operativo antinarcóticos.

Al llegar a los alrededores de un predio en el corregimiento de Potrerito, a unos 15 minutos del área urbana, se produjo lo que inicialmente fue reportado como 'fuego amigo' con una patrulla Batallón de Alta Montaña Número 3 del Ejército. Los vecinos escucharon detonaciones de armas de fuego y explosivos.

La Fiscalía, a partir de una serie de informes y pruebas, empezó a investigar lo que sería una 'emboscada' por parte de la patrulla militar.

Con los policías viajaba un 'informante', que habría tenido contacto con un sargento del Ejército poco antes del incidente.

La defensa de los militares sostuvo que fue una situación casual y que incluso los policías no tenían orden para estar en la zona, la que fue diligenciada por orden superior después de ocurridos los hechos cuando los uniformados ya estaban muertos.

El juicio contra los militares por masacre de Jamundí

El juicio contra los militares por masacre de Jamundí.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena emitida en contra de un grupo de militares por su participación y responsabilidad en la llamada masacre de Jamundí.

La pena  fue establecida el 24 de junio de 2010 por el Tribunal Superior de Cali en 29 años y 10 meses.
Uno de los sentenciados es el coronel Byron Carvajal, en su condición de comandante del batallón de Alta Montaña.

Esa decisión determinó una rebaja a la sentencia del Juzgado dictada el 7 de mayo de 2008 cuando se determinaban 54 años de prisión a Carvajal en calidad de determinador del delito de homicidio agravado.

Para los magistrados no existe prueba de que Carvajal fuera determinador de los hechos, pues no se aportaron pruebas suficientes por parte de la Fiscalía. 
La misma dosificación fue aplicada al teniente Harrison Eladio Castro, quien en la primera instancia fue condenado a 52 años de prisión.

Las condenas a un oficial y a un suboficial como a otros 13 militares fueron rebajadas en el análisis de la Corte Suprema

No obstante, advierte la Sala Penal, estos oficiales retirados tuvieron dominio de la voluntad de los demás procesados que dispararon por ser superiores.

Los 13 militares restantes actuaron en calidad de coautores de homicidio en concurso homogéneo, por lo que a juicio de la Sala Penal se someten a una pena de ocho años y dos meses de prisión y pagar una multa equivalente a 82,6 salarios mínimos mensuales vigentes. Para ellos, en primera instancia se había tasado una pena de 50 años.

La rebaja se fijó que los magistrados de Sala Penal consideraron que si bien 10 de las 11 víctimas eran funcionarios públicos no se constituye el homicidio agravado, pues esa condición n no era conocida por los procesados.

CALI

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